El Ayuntamiento de Málaga, a través del área de Bienestar Social, presentó ayer una campaña informativa sobre responsabilidad de venta de tabaco y alcohol a menores, orientada a los establecimientos regentados por personas de nacionalidad china. Se trata de 5.000 guías traducidas al mandarín en las que se explican los artículos más representativos sobre este tipo de venta a menores, así como el régimen sancionador.

Esta campaña está motivada por las múltiples denuncias que se han tramitado en establecimientos comerciales por venta de tabaco y alcohol a menores durante los últimos años. Desde 2005 que se vienen aplicando las sanciones, se ha pasado de seis a 60 en 2009, de las que el 75% se produjeron en establecimientos chinos. Desde el área de Bienestar Social sostienen que esta incidencia puede deberse a tres causas intrínsecas en la población china: la necesidad de alcanzar beneficios rápidos, las dificultades idiomáticas y el desconocimiento de la legislación vigente, lo que ha movido al Ayuntamiento a iniciar esta campaña.

Desde los establecimientos regentados por esta población en los que se vende alcohol -tabaco no, al menos de cara al público-, en un pequeño sondeo realizado por este periódico, no han querido manifestarse sobre el tema; en algunos casos, por desconocimiento del idioma; en otros, por no encontrarse "el jefe"; y algunos, simplemente, han preferido mantener silencio.

Las sanciones pueden ir hasta los 3.000 euros de multa para las infracciones leves, como la permisión de consumo a menores dentro de los establecimientos; a los 600.000 euros para las infracciones muy graves, consideradas como tales aquellas que produjeran intoxicación por ingestión de bebidas alcohólicas a partir de la venta a menores o la reincidencia en la comisión de más de una infracción grave en el término de un año. Dinero que posteriormente se destina a la financiación de estas campañas.

Sin perjuicio de las sanciones monetarias, podrá procederse, además, a la incautación de los productos con los que se ha cometido la infracción y la suspensión de licencias de apertura o clausura de los establecimientos, hasta cinco años. De hecho, sólo en la capital en el año 2009, fueron cinco los establecimientos cerrados.