La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha iniciado una investigación interna a un forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga que ha derivado en la apertura de un expediente disciplinario por, supuestamente, haber participado sin autorización en la autopsia clínica que se le practicó a la profesora de Marbella fallecida tras recibir la vacuna de AstraZeneca. Será un instructor quien, con toda la información que se ha recabado, proponga una resolución una vez finalicen las pesquisas, de forma que el funcionario podría enfrentarse a una sanción por ausentarse de su puesto de trabajo en la mañana de aquel 18 de marzo para acudir al examen del cadáver en el Hospital Costa del Sol, después de que un juez lo autorizara a petición de la familia, según confirmaron fuentes de la Consejería de Justicia.

La instrucción abierta en torno a una de las partes que participaron en el examen contribuirán a conocer por qué un forense no autorizado estaba en la sala, ya que estos médicos solo practican autopsias judiciales y los anatomopatólogos se ocupan de las clínicas, –que se desarrollan en hospitales–. Se trataba, además, de un caso sujeto a investigación judicial. El instructor determinará si su actuación estaba justificada o no y, si fuera así, no procedería tal sanción, que podría conllevar incluso la suspensión de empleo y sueldo. "No constaba ninguna petición y, por tanto, no se le había autorizado desde el Instituto de Medicina Legal ni desde la Delegación. Ahora habrá que ver si podía o no estar ahí", indicaron las mismas fuentes consultadas.

Fue el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quien informó en Huelva de que un médico forense, junto a dos anatomopatólogos, habían participado en el examen clínico al cuerpo de la docente, que se había realizado, dijo, “de la forma más reglada y científica posible”.

Aunque el informe preliminar reveló que la mujer, de 43 años, había muerto a causa de un derrame cerebral provocado por un aneurisma y la inoculación con AstraZeneca no había tenido relación, un mes después la investigación dio un giro tras conocerse el informe definitivo, el cual establecía, según confirmaron entonces desde la Junta de Andalucía, una “posible casualidad” entre la muerte de la profesora y la dosis que se le administró dos semanas antes. “La causa sigue siendo la misma, pero parece ser, y eso tendrán que analizarlo Farmacovigilancia y la Agencia Española del Medicamento, que existe una posible causalidad con algunos efectos descritos en los últimos estudios científicos”, señaló entonces la viceconsejera de Salud Catalina García.

Solo unos días después, el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella archivó las diligencias abiertas al considerar que no se había justificado la comisión de un hecho delictivo. El informe ampliatorio del examen médico contradecía las conclusiones forenses iniciales, que recogían que el motivo del fallecimiento no tenía vinculación con el fármaco. El juez dictó el archivo de las diligencias incoadas tras la denuncia del cónyuge de la docente.