Garantizar la libre elección de centro educativo era una medida anunciada: PP y Ciudadanos lo pusieron negro sobre blanco en su acuerdo programático antes de formar Gobierno y, un año después, lo han materializado mediante un decreto de escolarización que ha puesto en pie de guerra a la comunidad educativa. 

Cuatro días después de que se haya abierto el plazo para que los progenitores elijan a qué colegio llevar a sus hijos, docentes, padres y madres y alumnado se han levantado en las ocho provincias andaluzas para mostrar su rechazo a la nueva regulación que "no es fruto del consenso" y "supone un ataque a la enseñanza pública".

En Málaga, unas 3.000 personas según las fuerzas de seguridad y más de 5.000 según los organizadores han participado en una manifestación que ha tornado en una especie de nueva marea verde, el nombre por el que se reconocieron a las protestas que en 2013 se llevaron a cabo contra los recortes educativos y que inundaron el país con camisetas de ese color y con el lema "Escuela pública de todos para todos".

Esta es la primera gran huelga que afronta el Ejecutivo regional del Juanma Moreno, aunque el foco está en el consejero de Educación, el malagueño Javier Imbroda, a quien se han dedicado los principales coros de la protesta: "Al banquillo", han gritado en alusión a su pasado como seleccionador y técnico de baloncesto.

A diferencia de la marea verde, el detonante de estas movilizaciones es el nuevo decreto de escolarización o, más en concreto, una de las novedades que introduce. La norma aclara que la Junta "programará la oferta educativa de las enseñanzas teniendo en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social".

Esta "demanda social" es precisamente la clave del asunto. En la práctica, el decreto modifica los mapas de influencia para que haya un centro concertado en todas y cada unas de las zonas de escolarización, siempre y cuando, en efecto, existan centros con concierto público, lo que ocurre únicamente en el 18% del territorio andaluz.

"El decreto es una forma indirecta de favorecer a la concertada"

Una pancarta de las vista en la manifestación.

El argumento más repetido en los asistentes a la manifestación ha sido que la nueva norma beneficia a la educación concertada en detrimento de la pública. Laura, docente en un colegio de la capital, cree que puede llevar a que dentro de un tiempo eliminen unidades de la escuela pública para crearlas en la privada atendiendo a esta "demanda social" a la que se alude en el texto. Ella ha secundado la huelga y ha asistido a la manifestación junto a su hijo, de apenas unos meses, y su madre, Gloria, que centra sus reivindicaciones en que, al igual que sus hijos, sus nietos tengan una educación "pública, digna y de calidad". "Estoy viendo el riesgo de que no sea así a la vuelta de la esquina. El primer paso es el decretazo de Imbroda, una forma indirecta de favorecer a la privada. Yo no tengo nada en contra de la privada pero no quiero que crezca en detrimento de la púbica", explica.

Luis, también docente, ha acudido a la manifestación con su hija y una pancarta que reivindicaba que "solo la escuela pública garantiza el derecho de todos y todas". En su opinión, la escuela concertada es gratuita únicamente en teoría y "excluye a gente que no interesa porque es más costosa", como alumnado inmigrante que no conoce el idioma o con problemas familiares estructurales. "Dejan a la red pública en asistencia, en subsidiaria, cuando debería ser al contrario. Este decreto es una maniobra que va dando pasos en este sentido, en dejar a la pública como un reducto para la concertada y eso es inaceptable".

Para Francisco, no es solo el decreto: "Hay muchas medidas que priman lo privado ante lo público con una clara intención de cargarse lo segundo", explica. En Andalucía, la proporción de escuelas públicas y concertadas es de un 73,8% frente a un 20,7%, lejos de otras comunidades como País Vasco, donde el 48,3% del alumnado acude a un centro concertado.

¿Es un porcentaje alarmante? "Depende. A mí me da igual que haya escuelas privadas, lo que no quiero es haya privados a costa de los públicos", alega Fernando, profesor de Secundaría. En la misma línea ahonda otro docente, Manuel: "En comunidades en las que vienen gobernando ciertos partidos la proporción se acerca al 50-50; allí se ve el deterioro de la enseñanza pública y estamos aquí porque no queremos que esto pase en Andalucía". 

Florencio cuenta que su hija le ha preguntado esta mañana cómo se defendía la educación sin ir al colegio: "Esto también es educación, defender tus derechos. La lucha por la educación pública es una lucha por la democracia y hoy los niños han tenido una clase práctica", explica. En su opinión, el decreto es más que una excusa para secundarla, "es un primer paso, quizá sutil, hacia un favorecimiento de la privada y la concertada con lo que conlleva, la segregación".