Investigadores del caso Malaya, contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, han concluido que el presunto cerebro de esta trama, Juan Antonio Roca, "disponía de las sociedades Pelbo LTD y Sunnata Management LTD domiciliadas en la Isla de Man" y que fue allí "de la mano" de un familiar de uno de los procesados "para recibir las compensaciones económicas que acordaran en base a los negocios que efectuaban en España". Así, agentes de uno de los grupos de Blanqueo de Capitales de la Udyco-Costa del Sol han elaborado un informe, incluido en la causa y al que tuvo acceso Europa Press, en el que llegan a dicha conclusión tras analizar los datos y documentos enviados en contestación a la comisión rogatoria internacional remitida a las autoridades de Isla de Man en noviembre de 2006.

La primera sociedad, Pelbo Limited, tiene domicilio social en Londres y, según los investigadores, "los socios actuales al 50%" son dos empresas "creadas y registradas en la Isla de Man". Se señala que, según un documento, en esta firma, el derechohabiente -dicho de una persona que deriva su derecho de otra-es Roca, "de quien dicen ser empleado en el Ayuntamiento de Marbella con responsabilidad en el sector urbanístico".

Respecto de la segunda sociedad presuntamente vinculada al ex asesor de Urbanismo marbellí, Sunnata Management LTD, el domicilio social es la Isla de Man "y el derechohabiente es Pelbo LTD, y a su vez de ésta lo es Juan Antonio Roca", señala el informe policial, en el que se indica que en una de las cuentas bancarias recibió dos transferencias, de 85.000 y 84.500 euros, en 2002 y 2005, respectivamente.

En este sentido, los investigadores concluyen que las estructuras societarias supuestamente vinculadas a Roca y a la familia de ese procesado, que disponía de sociedades en la Isla de Man desde 1996, son "creadas y controladas" por un despacho fiduiciario suizo y que a través de dichas estructuras le hace llegar dichos ingresos "a las sociedades de Roca", que, según indica el documento, no aparece en ese país "hasta mitad de 1999".

A lo largo de la instrucción del caso, los jueces encargados de la investigación han calificado de "razonable" pensar que Roca tuviera fondos en territorios considerados como paraísos fiscales, aunque señalaban la dificultad de llegar a conocerse "con exactitud su alcance al ser territorios que dificultan la cooperación, especialmente la Isla de Man".

En este caso, en el informe se señala que se han recibido ocho archivadores en relación a seis sociedades, aunque se destaca que "la información es parcial, desconociendo los movimientos en las cuentas bancarias que mantienen abiertas" en dos entidades, "así como la forma en la que se realizaban las órdenes de pago".