El estudio de inundabilidad del entorno del río Guadalhorce encargado por la Junta de Andalucía no obligará a cambiar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, lo dejó claro ayer al asegurar que lo que se planteará al Ayuntamiento de la capital es adoptar una serie de medidas correctoras en algunos puntos "y habrá que tramitarlo con la naturalidad y la normalidad con la que se tramitan esa serie de cuestiones dentro del contexto de que todos estamos obligados a cumplir con la normativa europea".

No quiso adelantar las conclusiones del estudio, elaborado por la ingeniería Sener y del que sólo se han sido publicados los mapas de riesgo, ni las medidas correctoras que propondrán por "ser una cuestión meramente técnica" que hablará directamente el director general de Dominio Público Hidráulico de la Junta, Juan Serrato con los representantes del Ayuntamiento de la capital que acudan a la reunión que tendrá lugar la semana que viene.

En ese encuentro, la titular de medio Ambiente del Gobierno autónomico señaló que se "aclararán los puntos que haya que aclarar", porque adelantó que se pondrán sobre la mesa las conclusiones de ese estudio y "también la necesidad que tiene de cumplir con lo que ese estudio dice en cuanto a la seguridad de las personas".

Pero matizó que eso no significa que el Consistorio tenga que modificar el plan general, que recibió el visto bueno de la Junta hace aproximadamente un año. "Los planes generales son competencia de los ayuntamientos que deben diseñar y determinar el modelo de ciudad que quieren, y la administración autonómica está para velar porque se cumpla la normativa urbanística y porque no haya ningún peligro para la población", recalcó Serrano.

El Ayuntamiento de Málaga, en cambio, ha mantenido durante las últimas semanas que el estudio encargado por la Secretaría General de Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua en 2008, y cuyas conclusiones fueron presentadas por los autores a la Junta a principios de este año, puede afectar el desarrollo previsto en 55 sectores próximos al cauce del río Guadalhorce. El motivo es que dicho informe concluye que la huella de suelo que quedaría anegado de producirse una avenida con un retorno de 500 años sería muy superior al previsto años atrás, lo que impediría acometer el desarrollo de los usos productivos, empresariales, industriales y residenciales contemplados para buena parte los terrenos localizados en las márgenes del cauce.

Sin embargo, la consejera reprochó a los responsables municipales que hablen sin informarse y sin asesorarse antes de aclarar cualquier tipo de duda con la propia Junta "para no crear alarma ni en los ciudadanos ni los empresarios". Sobre todo, respecto a estos últimos señaló que "estamos en unos momentos complicados en los que no se puede alarmar al sector empresarial con declaraciones que pueden poner en peligro determinadas inversiones".

Para evitar confrontaciones, Serrano recordó que "desde la Consejería apostamos por el consenso y el diálogo y, sobre todo, por un desarrollo sostenible y por facilitar todas aquellas inversiones que puedan generar empleo en nuestra tierra". No por ello, la responsable de Medio Ambiente explicó que se pueda eludir las directivas comunitarias al amparo de las cuales justifica el encargo de este estudio de inundabilidad. Por tanto, insistió en que "todo es solucionable y se arregla hablando, siempre que se cumpla la normativa".