El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, aseguró este jueves que la Diputación de Málaga, a la que se le ha solicitado el reintegro de más de cinco millones de euros de la subvención concedida en virtud del convenio del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) del año 2017, deberá devolver esa cantidad si no se ha justificado “debidamente”.

Así lo indicó el consejero a preguntas del parlamentario socialista por Málaga Javier Carnero, quien cuestionó al dirigente andaluz si la Consejería va a ser “diligente” y recordó que el Gobierno andaluz, del que forma parte el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, pide que se devuelva un dinero de 2017, cuando, hizo hincapié, éste era el presidente de la Diputación malagueña.

Precisamente, este pasado miércoles el Pleno de la institución acordó, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y el no adscrito Juan Cassá y la abstención de PSOE y Adelante Málaga, solicitar a la Consejería de Administración Local de la Junta de Andalucía que deje sin efecto la reclamación de devolución de ese dinero, asegurando que su ejecución supondría “un perjuicio económico de imposible o difícil reparación”. Además, aludieron a las diversas alegaciones que se han presentado y a las complicaciones que se registraron aquel año.

Al respecto, Marín señaló durante la comisión que la Consejería de Administración Local ha realizado 80 reclamaciones de reintegro con respecto al PFEA, a administraciones “de todos los colores políticos. De todos. Y diputaciones de todos los colores”.

En el caso de la Diputación de Málaga, admitió que es el montante mayor, por encima de los 5,7 millones, pero insistió en que al Gobierno andaluz “le da igual quién haya sido el presidente y si no se ha cumplido con la certificació lo tienen que reintegrar y punto”. “Esto es lo que tiene que hacer una administración responsable”, defendió.

Así, el titular de Administración Local ha dicho al parlamentario socialista que ha cumplido con su “obligación” que no es otra que reclamar a la Diputación de Málaga esos más de cinco millones de euros: “Me da igual el presidente y el partido, algo que no se ha hecho en otras ocasiones”, señaló en referencia a anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía.

“Hay 80 expedientes de reintegro, está aquí la lista uno por uno, en este caso es la cantidad más importante y la Diputación de Málaga en un pleno ha aprobado que van a presentar alegaciones, muy bien; se resolverá pero lo no justificado debidamente se tendrá que devolver, sea quien sea”, enfatizó Juan Marín.

El gobierno provincial liderado entonces por Bendodo tenía de plazo hasta el 31 de mayo de 2019 para presentar las certificaciones, pero no lo hizo a pesar de las sucesivas prórrogas que la Junta de Andalucía concedió para facilitar esta obligación.