La crisis de la listeriosis ha puesto el foco sobre la seguridad alimentaria. Pero las administraciones aseguran que es muy buena. “Cumplimos nuestra misión con nota”, afirma la edil de Comercio y Vía Pública del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles. La edil admite que “problemas encontramos todos los días”, pero añade que “se toman las medidas correctoras”. Como ejemplo pone el reciente cierre cautelar de una fábrica de zumos por la falta de salubridad o la inmovilización de 110 kilos de atún que no tenía certificación de procedencia.

Veintiocho técnicos velan cada día por la seguridad alimentaria en la provincia. Once son veterinarios del Ayuntamiento de Málaga, institución que prevé incorporar tres más “en breve”. Los otros 17 dependen de la Administración autonómica; ocho son farmacéuticos y 9 veterinarios.

En general, la seguridad alimentaria es competencia de la Junta. Pero en virtud del Decreto Ley autonómico 7/2014, aquellos municipios con mayor número de industrias de este sector son competentes en la vigilancia de la distribución de alimentos, la toma de muestras, los cierres cautelares y las alertas sanitarias. Es el caso de Málaga, Granada y Sevilla. Este último Ayuntamiento, en virtud de un convenio firmado con la Junta, tiene todas las competencias en seguridad alimentaria.

Los 11 veterinarios del Consistorio malagueño tienen mucho trabajo. De ellos depende el control de la distribución de alimentos en unos 15.000 establecimientos de la capital, entre bares, restaurantes, mercados, supermercados, grandes superficies y puestos ambulantes. Vigilan la seguridad alimentaria de una pescadería de barrio hasta la de una gran superficie. Pero también se encargan de actuar –con la correspondiente orden judicial– ante casos de insalubridad en viviendas por síndrome de Diógenes, de controlar que los alimentos sin gluten realmente lo sean, de que no se vendan medialunas en la playa, de tramitar las alertas ante la Agencia de Seguridad Alimentaria y la Delegación de Salud hasta de las garantías de los alimentos que se venden en la Feria.

Cierres, sanciones e inmovilizaciones son medidas para garantizar la seguridad alimentaria

Además –aunque la Administración municipal defiende que no es su competencia porque es previo a la distribución–, el Ayuntamiento de Málaga vigila la seguridad alimentaria en dos de los tres mataderos de la ciudad mediante sendos veterinarios; el de Uvesa, que es de aves, y el Matadero Málaga, de ganado ovino, bovino y caprino. El tercero, el de Famadesa, está bajo el control de los técnicos de la Junta.

Pese a esta discrepancia con la Administración autonómica por el control en estos dos mataderos, Pérez de Siles sostiene que hay colaboración entre el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía. “Es fantástica y la comunicación es muy buena, fluida y rápida”, apunta.

Las inspecciones son aleatorias y sorpresivas. El factor sorpresa es la clave para la mayor eficacia de la labor inspectora. Cierres cautelares, inmovilizaciones, incautaciones y sanciones son cotidianos para garantizar la seguridad de lo que comemos.

La Junta de Andalucía es la responsable de la seguridad alimentaria en el resto de la provincia. Lo que incluye no sólo inspecciones para garantizarla, sino la alerta inmediata a través de los centros sanitarios en caso de que se detecte algún brote por algún alimento. Además, en la capital, la Junta controla la producción del matadero de Famadesa.