Los abogados han reaccionado con estupor a una nueva directiva que los obliga a vulnerar el secreto profesional y a denunciar cualquier actividad sospechosa de blanqueo de capitales llevada a cabo por sus clientes. Además, cuestionan la ampliación del concepto de blanqueo que, al criminalizar cualquier transacción que se haga con dinero de origen ilícito, ha pasado a tener en el punto de mira a todos los ciudadanos.

Éstas son algunas de las quejas y cuestiones planteadas en el I Congreso Nacional sobre la Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero que ha tenido lugar en Málaga organizado por el Colegio de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española, con la intervención de letrados penalistas y catedráticos en Derecho Penal.

"Se castiga igual al que blanquea un céntimo de euro que al que lo hace con miles de millones. No se puede acabar convirtiendo en persecución penal el taxista que tendría que preguntarse si el euro con el que le pagan tiene origen delictivo", protestó el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela y relator de la sección penal del Congreso, Miguel Abel Souto.

El penalista expone que las deficiencias surgen por la adaptación de una norma americana al derecho español sin las adaptaciones necesarias.

En el congreso también se ha planteado la irregularidad que puede suponer el hecho de que el blanqueo se utilice como coletilla de otros delitos. "Así acuerdan rápidamente una prisión provisional y dicen que se está persiguiendo a quien merece ser perseguido, aunque el delito de blanqueo no nació como tipo residual y se está utilizando así", se quejó Souto.

En el mismo sentido se pronunció el coordinador de la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Málaga, José Pons, que presentó las conclusiones de la primera jornada del simposio.

Pons se mostró preocupado porque el blanqueo "se haya convertido en el delito de moda, es decir, que no hay imputación en ningún macroproceso en el que no se diga que además se le imputa de blanqueo", dijo.

Por otro lado, los abogados equipararon el secreto de sumario decretado en operaciones como Malaya o la reciente Astapa, en Estepona, con Guantánamo, al entender que los detenidos no pueden ejercer su defensa si no saben de qué se les acusa. "En la Costa del Sol primero se detiene y se mete en la cárcel y luego se investiga", advirtió el penalista Horacio Oliva, que representa a imputados en Malaya, Ballena Blanca y Astapa.