La existencia de un arroyo subterráneo, de restos arqueológicos o de suelos contaminados son riesgos a tener en cuenta en el proyecto de los suelos de Repsol, donde el Ayuntamiento de Málaga está vendiendo en estos momentos cinco lotes para hacer más de 500 viviendas y oficinas en tres torres de gran altura, entre otros equipamientos. Así se recoge en un informe elaborado por un prestigioso despacho de abogados nacional, al que ha tenido acceso Málaga Hoy, y en el que también se señala que todo el procedimiento podría ser nulo por defectos de tramitación en la publicación del estudio de detalle. 

En el caso concreto del arroyo, estos abogados detallan en el documento que la parcela de los suelos de Repsol es colindante con el antiguo cauce arroyo Teatinos y eso implica que cualquier tramitación de instrumentos de planeamiento requiera de un informe preceptivo de la Junta de Andalucía, al ser la administración con la competencia de aguas. Además, al haber un cauce, debe haber una servidumbre en una franja de cinco metros de anchura en la que no se puede hacer ningún tipo de construcción según los artículos 6 y 7 del Real Decreto 849/1986 . Por otra parte, detallan los letrados en el informe, en cuanto a la realización de cualquier tipo de construcción en la zona de policía de cauces, consistente en una franja de 100 metros de anchura, se exige la autorización previa del organismo de cuenca y hay que hacer un estudio hidrológico-hidráulico. 

Sobre esta materia, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, ha indicado a este diario que "el proyecto de urbanización no está todavía aprobado" y ha recordado que habrá que esperar a la elaboración de informes sectoriales, si bien ha dejado claro que "esto no tiene nada que ver con el proceso de venta de parcelas en el que estamos y ya se verá cuando se vayan a otorgar las licencias". 

Otro de los aspectos que, según este despacho de abogados, pone en riesgo el proyecto es la existencia de un yacimiento arqueológico en la zona norte. Se trata del Alfar de Carranque, que está identificado en el Catálogo de Protección Arqueológica del Plan General de Ordenación Urbana de 2011. Su nivel de protección es de tipo 3 (zona de vigilancia arqueológica) y eso implica que la concesión de licencia de obras debe estar condicionada a la vigilancia del movimiento de tierra por parte de un arqueólogo, entre otros aspectos.

No obstante, los letrados explican que la Junta de Andalucía consideró en 2012 que habría que aplicarle al yacimiento el nivel de protección 2 -zona arqueológica-. El Ayuntamiento de Málaga aprobó en febrero de 2013 modificar el PGOU para cambiar ese nivel de protección y se produjo una aprobación provisional en 2015 pero, según este informe, no ha habido una aprobación definitiva. Si finalmente se le aplicase el nivel de protección 2, los abogados explican que sería preceptivo hacer un informe arqueológico negativo con anterioridad a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierras. Si aparecieran nuevos restos se tiene que notificar a la Junta de Andalucía y ésta puede ordenar la suspensión de las obras para que haya una intervención arqueológica. 

A este respecto, López asegura que "no hay ningún tipo de problema" y señala que "se hizo una actuación con un georradar, no se vio nada y se tienen todos los parabienes". No obstante, el concejal de Urbanismo precisa que "otra cosa es que cuando se pida la licencia se haga una vigilancia arqueológica". 

Suelos contaminados

Uno de los riesgos importantes del proyecto, destacado por los abogados en este informe, es la contaminación de los suelos tras haber albergado en esa zona durante muchos años grandes depósitos de combustible pertenecientes a Repsol. Los letrados subrayan que los propietarios de los suelos están obligados a presentar informes de situación cuando se solicite una licencia o autorización y que la Junta de Andalucía debe pronunciarse favorablemente con la concesión de una Autorización Ambiental Unificada, algo que todavía no se ha producido. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible resolvió en marzo aprobar el proyecto de recuperación voluntaria del suelo presentado por el Ayuntamiento de Málaga para la zona norte de la parcela, pero con un amplio número de condicionantes. Por otra parte, la plataforma Bosque Urbano, que defiende la creación de una gran zona verde en la parcela, ha presentado un recurso de alzada y aún no han recibido respuesta. 

Raúl López se agarra a ese informe positivo de la Junta de Andalucía sobre la contaminación de los suelos, aunque Pedro Francisco Sánchez, portavoz de la plataforma Bosque Urbano, no lo ve así. "El tema de la descontaminación no solo no está resuelto sino que queda bastante por delante", afirma Sanchez, quien detalla que "presentamos un recurso a la resolución definitiva de la Junta porque no se habían tenido en cuenta nuestras alegaciones y es que nosotros planteamos que solo se analizó la contaminación del suelo, pero no de los acuíferos". El portavoz de esta plataforma comenta además que, una vez que una empresa compre el suelo, hay que descontaminarlo y obtener posteriormente la verificación de la Junta de Andalucía de que todo está correcto, "y en eso se pueden ir tranquilamente tres años".