La familia de Lucía Garrido, cuyo cadáver fue hallado en 2008 flotando con signos de violencia en la piscina de su finca en Alhaurín de la Torre, espera que el juicio, que arrancará el 18 de septiembre, sea "justo y honesto", sirva para "aclarar todos los extremos" y que los responsables "paguen sus culpas". Son cuatro los investigados -Manuel Alonso, la ex pareja de la víctima, como posible autor intelectual, dos guardias civiles como presuntos inductores y una cuarta persona como supuesto autor material. 

"Solo la pelea constante de mi familia y de los pocos que nos ayudaron han conseguido que hoy estemos a las puertas del juicio oral", apostilló Rosa, que manifestó que "11 años sin justicia son suficientes", al tiempo que resaltó "el precio muy alto" que ha tenido que "pagar" por "buscar la verdad". "Ni jueces, ni fiscales ni asociaciones feministas han hecho nada para que este caso se investigara. He sentido cómo la Fiscalía -que pidió retirar la imputación de Manuel Alonso- parecía actuar en mi contra", ha remachado. Y recuerda que la Audiencia Provincial dictaminó que existían hasta 13 indicios de la presunta participación del ex marido de Lucía en el asesinato.

Asegura que el caso es "muy sangrante" y "hasta el fondo de la cuestión no se va a llegar nunca porque los tentáculos son demasiado largos". En una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles junto a Ignacio Carrasco, el secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y José Guerrero, el abogado que se ocupa de los servicios jurídicos, Rosa Garrido ha agradecido "el apoyo sin fisura" que durante este tiempo ha recibido por parte de esta organización. La suya ha sido una auténtica batalla judicial en la que se han "vulnerado todos los derechos". "Vivimos en el país de la cobra. Todos miran a otro lado", se lamenta.

"Presentó cuatro denuncias por amenazas de muerte de su ex pareja y veía muy cerca su final"

Carrasco también recordó que Lucía presentó cuatro denuncias "por amenazas de muerte de su ex pareja" y que llegó a "pedir protección" porque "veía muy cerca su muerte". "Le decía a su hermana que lo veía muy raro -a su ex marido- y que algo estaba tramando". Ambos están convencidos de que el origen de la muerte de Lucía era "el interés de su ex pareja de desalojarla de la vivienda" en la que ambos residían, y montar un negocio. Él intentó venderla pero la Audiencia Provincial le dio la razón a ella para que continuara dentro por lo que perdió a esperanza de hacerse con la casa legalmente. Sospechamos que pudiera haber dado paso a otro plan", destacó Carrasco.

En palabras de Rosa, la finca Los Naranjos "era el núcleo de venta de animales" y, según los Servicios Internos de la Guardia Civil, "una guardería de droga", un "polinegocio", denuncia la hermana, "del que todos se lucraban".

Por su parte, el letrado de los servicios jurídicos de la AUGC de Málaga y de Granada ha abogado por "desarrollar el estatuto de la víctima", algo que considera incluso "más importante" que si el "delincuente es o no inocente".