Pleno ordinario

La Diputación de Málaga aprueba una modificación presupuestaria para destinar 19,6 millones a los municipios

  • Tres millones de euros irán destinados, según un criterio de distribución lineal, a aquellas localidades que sufrieron daños ocasionados por las fuertes lluvias de octubre de 2018

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en el pleno ordinario de abril.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en el pleno ordinario de abril. / M. H.

El Pleno ordinario de la Diputación de Málaga de este martes ha aprobado destinar parte del superávit de 2018 -que asciende en total a 33 millones- al desarrollo y mejora de la situación económica de la provincia de Málaga. Así, se ha dado luz verde, con 15 votos a favor y 16 abstenciones, a una modificación presupuestaria para destinar 19,6 millones a los municipios con la puesta en marcha un nuevo fondo de liquidez provincial y un Plan de Asistencia Económica Municipal para 2019.

De esos 19,6 millones, 16,6 millones de euros darán cobertura al citado plan que se repartirán según tres criterios de distribución. Por una parte, los 103 municipios de la provincia y la Entidad Local Autónoma (ELA) Bobadilla contarán con diez millones de euros de libre disposición que se distribuirán según el número de habitantes, aunque con una ponderación del reparto para los menores de 25.000, de manera que los más pequeños percibirán 6,2 de los 10 millones. Para los once municipios restantes, excepto la capital que recibirá 340.000 euros, la asignación será de 3,3 millones.

Otros tres millones de euros irán destinados, según un criterio de distribución lineal, a aquellas localidades que sufrieron daños ocasionados por las fuertes lluvias de octubre de 2018. En concreto, cada uno de los 30 municipios identificados como afectados en el informe elaborado por el Consejo de Ministros aprobado el 26 de octubre de 2018 recibirá 100.000 euros.

Reparación de caminos rurales

Asimismo, 3,6 millones de euros servirán para reparar caminos rurales de titularidad pública en los casos que por fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales y demás catástrofes declaradas por la autoridad competente hayan resultado dañados de forma que se haya impedido el acceso y ejecución de tareas para el mantenimiento del productivo de las explotaciones.

Esto último da cumplimiento al protocolo de colaboración firmado en 2017 con la Junta de Andalucía, que asume el 60% de la inversión con fondos europeos, mientras que la institución provincial completará el coste de los proyectos de acuerdo con los ayuntamientos, que ya han optado a las convocatorias públicas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva puestas en marcha por la autonomía.

En total, 31 municipios de la provincia han sido preseleccionados para esta convocatoria en la que se primará la longitud de los caminos, el número de explotaciones por los que pasan y el uso de los mismos, y en breve se publicará la resolución con las actuaciones definitivas.

Por otra parte, una partida de tres millones de euros irá destinada, como en otros ejercicios, a un nuevo Fondo de Liquidez Provincial para anticipos o préstamos sin intereses a los municipios para atender el abono de facturas pendientes de pago. Por último, 900.834 euros corresponden a modificaciones presupuestarias aprobadas anteriormente, por lo que del remanente de tesorería quedarían 12,4 millones disponibles.

Unos 3,6 millones de euros servirán para reparar caminos rurales de titularidad pública dañados por fenómenos meteorológicos adversos

Esta modificación presupuestaria de la Diputación de Málaga ha provocado un debate en la sesión con acusaciones entre las bancadas de oposición y equipo de gobierno del PP. Ha salido adelante pero tanto Ciudadanos como PSOE, IU y Málaga Ahora han criticado las formas al no haber sido informados por el Ejecutivo provincial.

"Mi discrepancia en el voto no radica en el fondo, las líneas -de ayuda- son muy loables pero nos abstenemos por las formas", ha indicado Teresa Pardo, portavoz de Ciudadanos, igual que su homóloga de IU, Teresa Sánchez, quien ha criticado cómo se ha gestionado el reparto. "No todo vale", ha manifestado, añadiendo también que no comparten el reparto lineal en el caso de los afectados por las inundaciones "cuando Teba tiene muchos más daños que Estepona".

"Ustedes vienen con prisas en esta recta final, rompiendo todos los acuerdos que teníamos en reparto de fondos, de igualdad. Otros años han venido los planes económicos y nos hemos sentado y hemos visto la manera de repartir y los criterios pero ustedes están ya en el tiempo de descuento, nerviosos, porque no saben si van a volver a repetir gobierno", ha sostenido Sánchez.

En los mismos términos, el diputado socialista Manuel Chicón ha apuntado que se abstienen "para que salga adelante" por el bien de los municipios pero ha mostrado su desacuerdo; de hecho ha apuntado que tienen "motivos de sobra para votar en contra por romper la lealtad institucional; siguen pensando que tienen mayoría absoluta y no la tienen".

La diputada de Economía y Hacienda y vicepresidenta de la institución, María Francisca Caracuel, ha enfatizado en que no hay "ni un motivo" para votar en contra, incidiendo en que la Diputación es "la única administración que va a poner dinero por los daños del temporal", recordando que aún están las localidades afectadas en 2016 cobrando lo que les corresponde por las afecciones de dicho año.

Tras destacar que son los alcaldes los que apremian a la Diputación de Málaga a aprobar esta disposición de fondos, "sean del color político que sean"; ha recordado que estas transferencias se realizan todos los años, "no porque ahora sea periodo electoral".

Al respecto, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha puntualizado que entiende la abstención en esta modificación y aprobación del plan de asistencia a los municipios "como un voto en contra", recordando que una moción del PSOE, aprobada por unanimidad, se pedían tres millones de euros para los afectados por el temporal "y es lo que se destina".

Igual sucede, ha continuado, con el reparto de los 3,6 millones para los caminos rurales y los criterios para los fondos incondicionados "son los mismos de 2017 y 2018 que aprobasteis con voto favorable". "¿Será que estamos en campaña y tenéis que decir a todo que no?", ha apostillado Salado.

Patronato de Recaudación provincial

Del total de las cantidades aprobadas este martes, diez millones proceden del remanente del Patronato de Recaudación Provincial (PRP), algo muy criticado por PSOE e IU, quienes han acusado al equipo de gobierno del PP de "descapitalizar" a este organismo, algo rechazado por los 'populares', quienes han defendido que el superávit de este patronato asciende a 16 millones.

Sánchez, de IU, ha apuntado que esta modificación de crédito "arroja una necesidad de financiación de 2,5 millones de euros; usted lo llama como quiera pero saca más dinero de lo que entra en el Patronato", criticando que en su día el que fue presidente del organismo, ahora máximo dirigente de la Diputación, quiso privatizarlo.

"De 16 millones se han dejado seis y se han transferido diez. Usted falta a la verdad, no sé si por intención o por desconocimiento. Es un buen plan, va a llevar riqueza a los municipios que es nuestra obligación y objetivo y no tienen argumentos para votar en contra, por eso se abstienen", ha subrayado Caracuel.

La portavoz del PSOE, Antonia García, ha acusado al PP de utilizar al PRP como "la caja registradora" de la Diputación, pese a los "problemas y dificultades" del patronato con su plantilla, "en la que no se cubren los puestos"; la situación de las sedes territoriales, etcétera. Ha criticado que no se revierta el remanente en la creación de un cuerpo especializado para luchar contra la morosidad, aludiendo a que hay 800 millones que se deben al PRP; que se gasten cinco millones en el correo postal o que no se reduzca el premio de cobranza.

En este punto, Caracuel ha replicado a la socialista que han rebajado tres veces el premio de cobranza, "algo que no se había hecho en la vida"; y ha aclarado que el remanente no se puede destinar a mejorar locales porque computa en el techo de gasto y se debe hacer con el propio presupuesto del patronato "y el incondicionado no computa".

Sobre las acusaciones de IU de privatización del Patronato, Salado ha pedido pruebas, aludiendo que sólo propuso a los sindicatos comprar una herramienta informática para dar solución a la gestión recaudatoria, algo que no se vio bien "y se cerró el asunto".

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