Rafael García, secretario del PSOE de San Pedro Alcántara, se reincorporó recientemente a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Estepona como subdirector de la televisión municipal con su sueldo anterior de 4.885,47 euros brutos al mes, casi el doble de lo que gana el alcalde, David Valadez (PSOE) cuyo salario es de 2.751 euros brutos. García fue contratado el 20 de junio de 2007 bajo el mandato del ex alcalde Antonio Barrientos en la empresa Promoción y Comunicación, y fue despedido el 21 de agosto de 2008 por Valadez, que consideró que García Cruz era un cargo de confianza del anterior equipo de gobierno y que, por lo tanto, debía cesar en su puesto cuando lo hizo la persona que lo nombró.

En un primer momento el Ayuntamiento ganó el recurso presentado por García Cruz contra su despido. En enero de 2009 el juzgado de lo social número 8 de Málaga desestimó la demanda contra el Consistorio al entender que estaba demostrado que "ejercía como cargo de alta dirección con un salario elevado acorde con su responsabilidad". Sin embargo, contra esta sentencia cabía recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha dado la razón al trabajador al entender que no tenía autonomía plena ni el poder de decisión necesario para ser considerado cargo de alta dirección.

En idéntica situación que García se encuentra Mariano Crespo, que también se reincorporó ayer a su puesto con un sueldo de 5.592,87 euros brutos al mes. En este caso, volvió en su calidad de subdirector ejecutivo económico financiero de la empresa municipal Promoción y Comunicación. Crespo pasó a formar parte de esta sociedad el 1 de julio de 2003, también bajo mandato de Barrientos. Al margen de tener que readmitirlos, la sentencia del TSJA condena al Ayuntamiento a abonarles los salarios de tramitación.

Tanto Crespo como García han defendido siempre que no eran cargos de confianza y que sus contratos estaban hechos en fraude de ley. Ahora que han vuelto al Ayuntamiento, será el consejo de administración de la empresa Promoción y Comunicación el que decida si se le mantienen las mismas retribuciones y cuáles serán las funciones a desempeñar dentro de la sociedad que gestiona los medios de comunicación públicos