La experiencia con la agonía de su madre la hizo sumarse a la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Hoy es su coordinadora en Málaga. Es un momento clave para la organización ya que el Congreso aprobó a principios de año la Ley de Eutanasia y Andalucía está dando los pasos para su aplicación.

–¿Cómo han recibido la aprobación de la Ley de Eutanasia?

–Con mucha alegría. No es la ley que DMD quisiera. DMD es bastante más exigente en la autonomía de las personas y en elegir cuando se quieren bajar del tren de la vida o no. Pero es un avance muy importante y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de pertenecer a un país que tenga este derecho civil legislado.

–Muchos colectivos y personas creen que esta ley ha tardado. ¿Por qué?

–Ha tardado, pero España es el sexto país del mundo con una legislación de eutanasia. Ha tardado mucho porque hay un tabú enorme. Hay una doble moral que hace hasta daño. Los legisladores no se han atrevido antes; fundamentalmente el PSOE no se ha atrevido antes.

–¿En Andalucía se puede aplicar ya?

–En Andalucía, por fin, contamos con casi todos los eslabones necesarios para que se pueda aplicar la ayuda a morir. Una de las obligaciones que establece la Ley es la formación de los y las profesionales así como la difusión a la ciudadanía. Lo que pensamos que es imprescindible para que este derecho sea accesible y haya equidad. Hemos consultado a algunos profesionales que nos dicen que no tienen instrucciones de cómo tienen que proceder ante una solicitud. Y en la página de la Junta donde explican la ‘ayuda a morir’ en el apartado para los profesionales solo aparece la opción de registrarse como objetores, no hay ningún protocolo ni explicación de cómo ayudar ante una solicitud. Recuerdo que el sujeto de la Ley es la persona que sufre y los profesionales son los colaboradores necesarios para aplicarla, y así respetar la voluntad de su paciente bajo uno requisitos muy bien delimitados. Les pedimos a los profesionales ante una solicitud, empatía, rigor y respeto a las leyes que son obligadas para cualquier profesional de la sanidad pública y la privada. Espero que no ocurra ningún caso como el de hace una semana en Aragón y que las solicitudes que estaban esperando sean atendidas. Estas personas están en un contexto de sufrimiento extremo y la Junta ante su demora las ha llevado a la desesperación. Tenemos que seguir luchando para lograr que se lleve a efecto lo aprobado en el Parlamento español por abrumadora mayoría. Somos conscientes además de que los contrarios a la eutanasia no cejarán en su obstinación e inventarán mil pretextos para torpedear la voluntad democráticamente expresada de la ciudadanía. Espero que en unos días, nos llegue información sobre cómo ponernos en contacto con la Comisión de Garantía y Evaluación recién constituida, ya que una de sus funciones es de órgano consultivo.

–¿Los profesionales están preparados para esto?

–A nivel de todo el Estado estamos bastante desolados con la respuesta de muchos profesionales. Entendemos la presión del Covid, la falta de sustituciones del verano, entendemos muchas cosas… Pero no entendemos como hay tantos profesionales que no se han preocupado por formarse e informarse. La Administración es la primera responsable. La Ley 3/2021 de Eutanasia obliga a que haya un periodo de formación. Pero estamos un poquito descontentos de cómo los profesionales están atendiendo a las personas que, en un contexto de sufrimiento extremo, acuden a ellos y no las atienden.

–DMD tiene en Málaga a siete personas que quieren acogerse a la eutanasia. ¿Lo lograrán?

–Soy optimista. Creo que estas siete personas y todas las que lo necesiten van a tener una ayuda para morir en el momento en el que ya haya algo de recorrido. Entiendo que es una ley muy diferente, muy difícil, pero la Junta de Andalucía no puede boicotear una ley del Estado. Entiendo que más pronto que tarde tienen que ser libres y los van a ayudar.

–PP y Vox votaron en contra de la Ley en el Congreso de los Diputados. En Andalucía gobiernan los populares. ¿Cree que habrá problemas para su aplicación?

–De momento llevamos casi cinco meses de retraso. Euskadi, Cataluña, Asturias y Murcia entraron casi en plazo. En Euskadi el día 25 ya se puede hacer todo. Aquí no somos igual de libres que en otras comunidades. Un andaluz, hoy, si quiere solicitarla se tiene que ir fuera de Andalucía.

–¿Por qué se metió en DMD?

–Tuve una mala muerte cercana, la de mi madre, con una demencia horrible, rara. Me encontré desolada. Mi madre enfermó aproximadamente en el 2005 y falleció en el 2015. Hasta el 2010 no conocí a la asociación a través de un artículo en el diario El País. Desde el 2010 formo parte de DMD porque no quiero que nadie lo pase como nosotras lo pasamos. Mi madre era Carmen Olmedo Checa [impulsora del Instituto Andaluz de la Mujer y con una larga trayectoria de lucha feminista]. Ella luchó por la libertad y se tuvo que ir sin libertad.

–Dice que se tuvo que ir sin ser libre. ¿Las personas que llegan a esta situación no lo son?

–Hace falta libertad para morir . Es imprescindible que todos los malagueños y malagueñas vayan al Registro de Voluntades Anticipadas y registren su testamento vital porque es de la única manera que cada una se pueda ir como quiera. Así, nadie va a decidir por ti. Es generoso para las familias, para los profesionales que te tienen que atender y es la puerta para que no te hagan lo que tú no quieres que te hagan. Mi madre estuvo siete años alimentada por una sonda. Mediante un boquetito en el estómago le metían comida. Y todo el que conocía a Carmen Olmedo sabe que la independencia era su valor principal en la vida.

–¿Qué le pide a la Junta?

–Respeto. No quiero que la Administración ni me tenga cariño, ni estima;quiero respeto. Respeto tanto para el que vive en un pueblo perdido como en Marbella.

–¿Y a los médicos?

–Empatía. Yo estoy de acuerdo con la objeción de conciencia hasta cierto límite. La Ley lo regula muy bien. Los médicos tienen derecho a decir que no si según su conciencia no pueden atender a estas personas. Pero se está tratando más como una obstrucción que como una objeción de conciencia. Por muy en desacuerdo que se esté con una legislación, hay que acatarla porque las leyes están aprobadas en los parlamentos que elegimos entre todos los ciudadanos y las ciudadanas. Y atendiendo a las estadísticas, el 87% de la población española está a favor de la eutanasia. Los profesionales que me tienen que ayudar son unos cooperadores necesarios para que yo me pueda ir cuando quiera; no tienen que opinar sobre lo que yo valoro o no valoro.