Málaga: moratoria global

Málaga/Hace unos días, el Banco de España emitía un informe demoledor que alertaba de las consecuencias negativas del desarrollo de la vivienda turística en el acceso al alquiler en toda España. En Málaga, una de las ciudades donde estas “externalidades” son más visibles, la proporción de la vivienda turística en el total del alquiler alcanza el 20% en el centro y supera el 50% en la periferia. En Marbella, el porcentaje es similar en la periferia, pero en el centro se dispara al 60%. Al crecimiento del negocio de las viviendas turísticas se une el aumento de la compraventa de vivienda para extranjeros no residentes, que en el cómputo total de Andalucía alcanza el 10%. Esta expansión, apunta el informe, afecta de manera directa al aumento de los precios del alquiler, que en Málaga adquiere ya cifras inasumibles, a la cabeza del ranking nacional. Se supone que Ángel Gavilán, director general de Economía del Banco de España y responsable de la presentación de estos datos, es una autoridad en la materia. Hasta ahí, digamos, estaríamos de acuerdo: podemos confiar en la veracidad de sus conclusiones. Así que uno se pregunta, entonces, qué hacemos ahora con todos los concejales, diputados y consejeros que negaron una y otra vez lo que a ojos del más pintado parecía evidente: la influencia decisiva de la actividad de las viviendas turísticas, para la que durante tantos años no se planteó una sola limitación, en el encarecimiento exponencial del precio del alquiler y la consiguiente expulsión de una masa social notable del acceso a la vivienda. Más aún, no pocos de aquellos ilustres portavoces no se lo pensaron mucho a la hora de acusar de turismofobia a quienes consideraban que el mercado del alquiler no iba a inclinarse por sí solo a la prerrogativa del derecho a la vivienda, sino al mayor volumen de negocio, y que por tanto había que regularlo si no queríamos vernos en una situación de emergencia social que, claro, no tardó mucho en llegar. Ya no va a esperar uno que tales portavoces pidan disculpas a la ciudadanía que, con tal de ser oída, salió a la calle varias veces para recordar que en Málaga una mayoría amplia no puede alquilar ni comprar una casa, que muchas familias viven asfixiadas y que una ciudad no puede sostenerse en tales mimbres; pero sí, al menos, que se tomen medidas al respecto, aunque ya vayamos tarde. Y en esas estamos. En esas seguimos.

El Ayuntamiento de Marbella anunció en su momento que llevaría a cabo un registro de viviendas turísticas pero rechazó aplicar cualquier tipo de restricción. Difícilmente se podría ser más audaz, pero así es el mercado, amigos. En cuanto a Málaga, después de restar gravedad al hecho de que las familias tengan que irse a vivir a otros municipios, el alcalde, Francisco de la Torre, anunció el pasado marzo una “moratoria global” para la vivienda vacacional que pasaría por la modificación del PGOU. De manera más reciente, De la Torre se mostró abierto a que tal moratoria se extienda más allá de tres años, pero el encaje jurídico no parece sencillo y la cosa va para largo. En cuanto a la oposición, resultaba casi enternecedor asistir a la denuncia por parte del PSOE de Málaga de que más de 20.000 personas se han tenido que ir de la ciudad en el último año por no poder disponer de una vivienda; sí, claro, los síntomas son esos, pero a ver qué cuentas rinde el partido a un Ministerio de Vivienda de su titularidad que no ha tomado en los últimos años una sola medida capaz de acotar el crecimiento de la vivienda turística, misteriosamente pasada por alto en la Ley de Vivienda (de hecho, las restricciones contempladas afectan a los alquileres de larga temporada, con lo que el efecto rebote del que alertaban varias asociaciones de propietarios en beneficio de un alquiler turístico exento de estas restricciones está cumpliéndose también). Mientras tanto, la corrupción que ha puesto en jaque al Gobierno tiene su centro, claro, en la obra pública, lo que explica, supongo, o al menos hasta cierto punto, toda la atención puesta desde la administración en la necesidad de construir más y más rápido, mientras la posibilidad de que al menos parte de la oferta de vivienda en alquiler sea devuelta a la ciudadanía ni siquiera se plantea.

La lectura de los acontecimientos parece sencilla: aquí no estalló ninguna burbuja, solo mudaron algunos procedimientos. La vivienda es una fuente de enriquecimiento para las élites, como lo ha sido siempre, por encima de la ley si hace falta. La mayor novedad de los últimos años al respecto ha tenido que ver con la revelación (por supuesto especulativa) de que si dispones de un inmueble susceptible de ser incorporado al parque de viviendas turísticas puedes ingresar en tal élite, la que se permite vivir con cierta despreocupación ante la emergencia social, aunque sea en sus estadios ínfimos. Si no es tu caso, y si encima tienes que costearte una vivienda, la situación es bien delicada. Pero nadie va a pedirle a los propietarios sensibilidad y comprensión en un contexto de tonto el último, menos aún cuando el éxito político parece sostenerse en las mordidas adecuadas. Para que la vivienda vuelva a ser un derecho, y no un privilegio, hacen falta medidas políticas impopulares y difíciles que nadie, al menos en el panorama actual, parece estar dispuesto a aplicar. Sin embargo, por si acaso, y a riesgo de que vuelvan a tildarnos de turismófobos, conviene afirmar, con la mayor claridad, que, por mucho que Málaga viva del turismo, la reducción (no solo limitación) del volumen de viviendas turísticas operativas es una solución fundamental para que la ciudadanía pueda ver satisfecho su derecho a la vivienda. Se construya más vivienda o no, ya existe un parque amplio y solo hay que garantizar que quede a disposición de quien lo necesita al precio más justo y razonable. Y corresponde a los poderes públicos encontrar los mecanismos que garanticen la protección y el beneficio más justo para inquilinos y propietarios. Es el precio que debe pagar la administración por, en el mejor de los casos, haberse mantenido cruzada de brazos cuando tocaba hacer política.