Pocas son las ocasiones en las que sindicatos y empresarios parecen estar de acuerdo en algo, aunque los responsables de la Junta de Andalucía pueden presumir de ello. La decisión del Gobierno autonómico de ocultar las inversiones que se destinarán a Málaga en 2012 ha generado el malestar conjunto de responsables sindicales y empresariales, que creen que el nuevo modelo defendido por la Administración regional se busca esconder la inexistencia de compromisos con la provincia.

El rechazo al camino diseñado por la Junta queda claro en las manifestaciones que ayer realizó a Málaga Hoy el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, José Prado, sector ampliamente perjudicado en los últimos años como consecuencia de la crisis económica. Una situación que, como apunta Prado, crece ante la decisión autonómica de recortar un 25% las inversiones de la Consejería de Obras Públicas y ante la deuda de unos 310 millones de euros que las diferentes administraciones públicas mantienen con las empresas vinculadas a esta industria desde hace un par de años.

"Soy empresario desde hace 42 años y no puedo comprender bajo ningún concepto que en un presupuesto no se concreten las inversiones; a no ser que lo hagas porque no que quieres que la gente lo sepa", afirmaba visiblemente molesto el máximo responsable de la ACP en Málaga. "¿Por qué el malagueño no puede saber qué proyectos reciben dinero, en qué va a invertir la Junta? ¿Para que no podamos hacer un seguimiento?", se preguntó, al tiempo que sentenció que aquello que no está presupuestado "no existe". "Eso me cabrea como administrado; quiero saber qué se hace con mi dinero", añadió.

Para Prado, la Junta "juega" con el sector al que representa y que, desde su punto de vista, tiene que conocer cuáles son las previsiones de inversión y los proyectos que se van a beneficiar de la misma para "promocionar" la provincia. "Nos deja en una nebulosa y una incertidumbre; ni un niño de primero de Economía puede hacer eso; el sector se encuentra frustrado", apostilló.

De hecho, incidió en la importancia de entender las actuaciones en infraestructura como una forma de inversión social, puesto que repercute de forma directa en la creación y mantenimiento de empleo. "Un millón de euros en este tipo de actuaciones equivale a 10 puestos de trabajo nuevos o que se mantienen", dijo, con lo que el panorama, ante la reducción en obra pública, se antoja oscuro.

La reacción sindical fue semejante. El coordinador general de Comisiones Obreras en Málaga, Antonio Herrera, fue claro al apuntar que el modelo elegido por la Junta "es un subterfugio para ocultar la ausencia de inversión pública", algo que ligó con la necesidad de responder al control del déficit al obliga la Unión Europea y la reforma de la Constitución. "Dice poco de la transparencia que debe de tener cualquier gobierno", añadió y señaló, como antes lo hiciera Prado, que repercutirá "negativamente en el empleo, porque todo lo que no sea inversión productiva en este momento, va a ir en detrimento del empleo". Sí valoró el mantenimiento de las prestaciones sociales.

Frente a las críticas que se vienen conociendo desde que el pasado lunes el consejero de Cultura, Paulino Plata, desvelase que las cuentas no estaban provincializadas, ayer, el secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, salió en defensa de la actuación de la Junta. A su juicio, el presupuesto regional "contribuye a la tranquilidad de miles de familias malagueñas porque los derechos sociales están asegurados y garantizados en un momento de crisis con duras consecuencias". "Los recursos disponibles se dirigen a cubrir las prioridades, a responder a las verdaderas necesidades actuales", insistió, al tiempo que recordó que los "grandes proyectos" como el Metro, siguen adelante. No habla, sin embargo, ni del tren litoral, ni del megahospital, ni de Arraijanal...