Las menores de 16 y 17 años que abortan representan un 3,23% del total de mujeres que interrumpen su embarazo. Y de las adolescentes en ese tramo de edad que ponen fin a su gestación, la amplia mayoría -el 87%- informa a sus padres de la decisión. Lo que supone que solo el 13% de las menores que se hacen un aborto no lo comunican a sus progenitores. Los datos corresponden a un informe de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) hecho en base a un muestreo nacional realizado con 36.718 mujeres que abortaron.

El debate de un tema tan sensible como el aborto se ha reabierto después de que el Gobierno anunciara el miércoles que reformará la ley para exigir el consentimiento paterno. Las opiniones vuelven a estar radicalmente enfrentadas. Las organizaciones pro vida aplauden el anuncio y los grupos progresistas lo consideran un retroceso.

Según ACAI, las adolescentes de 16 y 17 años que no informan a sus padres -que representan el 0,41% del total de mujeres que interrumpen su gestación- alegan desamparo, desestructuración familiar, riesgo de sufrir malos tratos y enfermedad paterna o materna invalidante, entre otros argumentos. Para la asociación, de producirse el cambio legal anunciado por el Gobierno "dejaríamos de ofrecer a estas menores una salida posible acorde con su situación". Es más, según la organización, esas adolescentes "podrían acabar recurriendo a métodos clandestinos e ilegales para interrumpir una gestación que no pueden comunicar a sus progenitores o tutores legales".

Por ello, ACAI aboga por luchar contra el aborto clandestino en vez de "desviar esfuerzos" contra una ley que ofrece una salida jurídica a las mujeres de 16 y 17 años. Para esta organización la mayor parte de las adolescentes con esa edad que abortan "siguen confiando en sus padres o tutores legales y, tal y como venían haciendo antes de la implantación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, continúan haciéndoles partícipes de su situación y de su decisión". La nueva legislación entró en vigor en julio de 2010.

Joaquín Fernández Crehuet, médico antiabortista, cree que la reforma anunciada por el Gobierno se queda corta. "Si toda la reforma va a ser exigir el consentimiento paterno es pírrica", sostiene. A título personal, aboga por volver a la anterior ley de 1985 con "la despenalización puntual de casos bien estudiados".

Desde el Colegio de Médicos de Málaga se indica que la aplicación de la normativa vigente no suele generar conflictos ya que la amplísima mayoría de los casos se derivan a clínicas privadas concertadas. La entidad colegial no se decanta por un posicionamiento sobre el aborto. Su postura pasa por respetar la legislación vigente y defender la libertad de conciencia de sus profesionales, incluidos los facultativos de los centros de salud que sean objetores aunque no participen de forma directa en los abortos.

Por su parte, la vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Contracepción, María Jesús Alonso, cree que sería un "un retroceso muy grande para las mujeres" que el Gobierno -aprovechando como excusa que una de cada 10 menores de 16 y 17 años que abortan no informan a sus padres- modifique la ley para hacerla más restrictiva. "Los datos han demostrado que porque haya más facilidades no se aborta más", esgrimió. Alonso también recordó que la actual normativa -que permite interrumpir el embarazo hasta la semana 14 sin que la mujer tenga que demostrar ninguna causa- fue producto de muchos años de lucha de distintos colectivos. La anterior ley -vigente desde 1985 hasta julio de 2010- solo permitía abortar en tres supuestos: violación, malformación del feto o riesgo para la salud física o psíquica de la madre.