La operación Cátedra en la que se investigan los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y cohecho en Villanueva de la Concepción engordó ayer con cinco nuevos imputados, entre los que se encuentran el ex alcalde de este municipio y actual concejal socialista en el Ayuntamiento de Antequera, José Antonio Conejo, y G. L., arquitecto que trabajó en el Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción en la época de Conejo y que en la actualidad realiza tareas de aparejador en el Consistorio de Antequera.

Entre el resto de imputados por la Guardia Civil se podrían encontrar al menos un técnico municipal y vecinos de Villanueva de la Concepción sobre los que pesan, según fuentes judiciales, expedientes sancionadores. Estos cinco nuevos imputados se suman a los tres que fueron arrestados el viernes en el marco de la operación Cátedra por la que permanecen incomunicados el alcalde y presidente de la comisión gestora del municipio, Ernesto Silva, el profesor de Derecho Financiero de la UMA J. F. H. y el abogado M. G. Precisamente, la Guardia Civil investiga desde hace unos meses si el profesor le aprobó al regidor una asignatura de la carrera de Derecho a cambio de recibir un presunto favor que pudiera ser urbanístico, según confirmaron ayer a este periódico las mismas fuentes, que descartaron que en las próximas horas se pudieran realizar más detenciones. Ninguno de los tres detenidos prestó ayer declaración -permanecen aislados sin contacto ni sus familiares ni con sus abogados- y mañana pasarán a disposición judicial. Los investigadores del caso citaron en la jornada de ayer a varias personas que testificaron por su relación con el caso, entre ellos el ex alcalde y el arquitecto y hoy seguirán tomando declaración a nuevos testigos, por lo que tampoco se descarta que se produzcan nuevas imputaciones.

El desarrollo de la operación provocó ayer que el abogado que representa a Ernesto Silva se mostrara "indignado" al asegurar que llevaba 24 horas sin poder ver a su defendido ni tenía información sobre el motivo de la intervención. El letrado Fernando Huelin aseguró, en declaraciones a Europa Press, que lleva desde el viernes realizando gestiones para poder ver a su cliente y para saber "qué delitos se le imputan". "Y ya han pasado 24 horas", apostilló. En este sentido, expresó su "malestar" por esta situación y lamentó "el daño que genera al Estado de Derecho" este tipo de actuaciones. "No hay nada que justifique esta intervención", aseveró el abogado, quien insistió en "la innecesariedad de lo que se está haciendo".