La prisión de Alhaurín de la Torre tiene actualmente una población de 1.124 reclusos. La cifra, la última que, a comienzos de septiembre manejaba Instituciones Penitenciarias, supone una bajada del 34% respecto a 2010, cuando la cárcel alcanzó uno de sus históricos niveles de masificación. Entonces eran unos 1.700 los reos que permanecían internados. Los sindicatos hablaban de sobreocupación, teniendo en cuenta que el centro penitenciario había sido construido para unos 900.

Este pasado mes de junio, el director de la prisión de Alhaurín, José Miranda, subrayaba en una entrevista el repunte de ingresos que ésta había experimentado desde que acabó el Estado de Alarma. La población reclusa registró un aumento de 200 reos en ese último mes, superando así los 1.300. Ahora son 176 menos. Instituciones Penitenciarias relaciona varios factores con la caída del número de reclusos, que ha sido prácticamente generalizada en toda España, donde en 2009, 2010 y 2011 se alcanzaron máximos, con hasta 70.000 internos, unos 20.000 menos que en la actualidad. Los expertos destacan la modificación del Código Penal que supuso la reducción de penas en casos de delitos contra la salud pública –tráfico de drogas-. “Así se produjo una salida de internos bastante importante porque ya habían cumplido la condena”, detallan las fuentes consultadas.

También el descenso demográfico de la última década ha contribuido a rebajar los niveles de hacinamiento en las cárceles. “Han pasado 10 años y la caída se ha notado a nivel delincuencial, lo que se traslada a los centros penitenciarios”, explican desde Instituciones Penitenciarias. Asimismo, la inauguración en 2018 de Málaga II, conocida como la prisión de Archidona, ha permitido, según Prisiones, reducir estas cifras. Y ello pese a que, critican desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) hay “pocos módulos abiertos”. También la Asociación Tu Abandono Me Puede Matar denuncia que la mitad de esos módulos “no se pueden abrir porque el déficit estructural de funcionarios no lo permite”, lo que, recalca un portavoz, “impide que los internos estén solos en su celda”, “incumpliendo” el principio unicelular recogido en la Ley Orgánica Penitenciaria, que establece que solo debe convivir “un preso en cada celda”.

Ambas asociaciones recalcan que la población reclusa “excede su capacidad”. “En Alhaurín hay muchísimo movimiento al tratarse de un centro de preventivos y no penados. Unos salen a la espera de juicio, otros tras pagar la fianza. El narcotráfico y las bandas criminales incrementan las entradas”, señala un representante de la APFP. La asociación Tu Abandono Me Puede Matar habla de “sobresaturación” y apostilla que durante la pandemia “salieron a la calle muchos internos que no estaban preparados”, al tiempo que denuncia la “falta de personal” y la “necesidad de maquillar las cifras” por parte de Prisiones. “Un interno en prisión cuesta 24.000 euros al año y, en tercer grado, una décima parte. En la calle, el coste es 0”, remacha el colectivo.