Los municipios que vierten sus aguas residuales al río Guadalhorce -Cártama, Álora, Alhaurín el Grande, Coín y Pizarra- aseguran que la única solución verdaderamente efectiva para terminar con los deshechos en el cauce y evitar daños medioambientales es la puesta en marcha de depuradoras por parte de la Junta de Andalucía. "No podemos hacer nada", afirmó ayer a este periódico el alcalde de Coín, Fernando Fernández (PP), debido a que no disponen de los medios técnicos para reducir los vertidos mientras las depuradoras del Alto y Bajo Guadalhorce se ponen en marcha.

El regidor recordó que desde hace tiempo denuncian los retrasos de la Junta en la construcción de las instalaciones del Bajo Guadalhorce, lo que ha provocado que el río esté en la situación en que se encuentra, comentó. La Consejería de Medio Ambiente ha abierto una investigación de oficio después de que aparecieran cientos de peces y de aves muertos. La contaminación por los vertidos de los municipios limítrofes es la principal hipótesis.

Estos municipios pagan un canon del agua por sus vertidos y han sido multados recientemente por la Junta por echar sus deshechos al caudal. Precisamente ayer en Coín terminaron de redactar un recurso contra esta sanción, que asciende a 450.000 euros, según Fernández. También señaló que "la decisión del Gobierno andaluz raya en lo kafkiano" ya que se comprometió a realizar las obras y recordó que "en 2015 la Unión Europea estableció el objetivo de vertido 0".

De igual forma, el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo (PSOE), calificó de "ilógico" la aplicación de las sanciones, que rondan unos 100.000 euros en el caso de este municipio, donde también están a la espera de la puesta en marcha de la depuradora, por lo que continúan los vertidos. La localidad paga además unos 300.000 euros anuales por el canon de los vertidos. Aunque en Cártama se construyeron tres plantas de procesamiento pequeñas, apenan cubren 1.000 vecinos de los 125.000 de la localidad, por lo que la ayuda en la reducción de los vertidos es "muy poca", precisó Gallardo.

Si bien ya comenzó la construcción de la depuradora del Alto Guadalhorce, el regidor cree que "quizás se podría haber hecho un poco antes". Asimismo, valoró que ahora la aparición de animales muertos en el río se aprecia más por la falta de precipitaciones.

Por su parte, la alcaldesa de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma (Alternativa por Alhaurín), detalló que, salvo un llamamiento a los vecinos, no pueden hacer nada más para disminuir los vertidos. "La única solución es la depuradora", subrayó.

También manifestó que pagar el canon por los vertidos y la sanción - de150.000 euros- "no tiene sentido", por lo que trabajan en alegaciones y en dar prioridad a la depuradora, para lo que facilitaron la expropiación de terrenos, precisó.

En Pizarra intentan concienciar a los vecinos para que no echen toallitas a los váteres, explicó el alcalde del pueblo, Félix Lozano (PP), quién consideró que las obras van "a buen ritmo" y recordó que según la consejería de Medio Ambiente estarían listas para 2019, por lo que "lo importante es que la depuradora esté terminada cuanto antes".

Por último, el alcalde de Álora, José Sánchez (PSOE), también precisó que se sancionó al pueblo con 150.000 euros y aseguró que "no han vertido nada diferente" y que no tienen alternativa.