La situación de indefensión de la que adolecen las policías y la guardia civil para abortar eventos en domicilios privados se agrava aún más en los municipios de la Costa del Sol que cuentan con plantillas reducidas e insuficientes para enfrentarse a multitudes que, a veces, están bajo los efectos del alcohol y las drogas. Es el caso de Benahavís, donde estos meses se han celebrado numerosos eventos sin autorización y eludiendo las medidas sanitarias para frenar los contagios de Covid-19. “No podemos actuar en fiestas con varias decenas de personas o incluso centenares una o dos parejas de policías, como nos ocurrió hace un par de semanas”, manifiesta un policía de la provincia, quien resalta la eclosión de juergas clandestinas con prostitutas y cocaína rosa –la droga de moda en la jet–.

En Marbella, una de las últimas fiestas detectadas en una villa de lujo en el mes de marzo pasado acabó en tragedia. Un dj de 35 años vio la muerte cuando le alcanzó en el cuello una bala perdida. La investigación, que se saldó con una decena de detenidos, entre ellos el presunto responsable de los disparos y dos organizadores del evento, permitió descubrir que la víctima habría recibido antes amenazas de muerte por parte, supuestamente, del principal investigado, a quien no le agradaba la música que estaba pinchando.

Además del “escaso sustento legal” con el que cuentan para intervenir en estas celebraciones, policías de la Costa del Sol denuncian también que, en muchos casos, las sanciones que se proponen “no llegan a buen puerto por parte de los ayuntamientos, que no cuentan con personal funcionario (no laboral) para poder tramitarlas”.