Por la gota malaya y por agotamiento informativo, acabaremos por convencernos de que lo que era ilegal es ahora progreso, y que quienes se niegan a tragar no son demócratas: somos como niños narcotizados con pulpos que proponen piquitos, destripadores y decesos notables. Se ha dicho mucho sobre el viaje relámpago de la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, que iba de ocultona de su cargo y su presidente –nos lo creeremos...–, y como lideresa del polinomio Sumar, para encontrarse con Puigdemont, el hombre que, aunque fugado de la justicia y aunque no llegue su partido a un 2% de los votos de las últimas elecciones, tiene la llave de un nuevo Gobierno recauchutado entre variados deudos. Por más que el líder de ese catalanismo sea –Manuel Gregorio dixit– un “golpista de progreso”, figura política disruptiva, y por más que el progreso aquí –también lo haría el PP– signifique dejar condenada al ostracismo parlamentario a la fuerza más votada. Con cuánto afecto sonreía ella, cómo miraba a la triste reencarnación de Tarradellas, mientras él la recibía como un jefe de estudios de internado, con aire de estadista con la sartén por el mango. Al caso: si no se respeta la separación de poderes, se acelera la separación de este país. Su voladura.

Tres poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Separados en cuanto a competencias en todo país decente. Confundidos los tres en manos del Ejecutivo en las dictaduras y falsas democracias. Indulto: medida de gracia que toma el Gobierno (Poder Ejecutivo) de turno para corregir o eliminar la pena que ha impuesto a una persona la Justicia en sentencia firme. Desautoriza puntualmente a la Justicia. Amnistía (por ley): medida no personal, sino colectiva, del Ejecutivo y que aprueba el Parlamento (Poder Legislativo); tomada, según la RAE, “por razones políticas de naturaleza extraordinaria como el término de una guerra civil o de un periodo de excepción”. Si es por conveniencia partidista, la “amnistía” se pasa la toga de la Justicia por el forro del traje caro o del vaquero con zapas del mitin.

Comprometer la esencia institucional de un Estado centenario con una ley de amnistía cuya razón de ser es obtener siete votos, siete, de una formación independentista que –ojo al dato– se ha pegado un batacazo en las últimas elecciones, con el único objetivo de conseguir una mayoría parlamentaria en una investidura que dará lugar a un Gobierno débil y obligado a satisfacer en cada ley a un número irracional de minorías... no sólo es antidemocrático, por muy formalmente legal que pueda ser el tetris: es pasarse a la Constitución por los pantalones mencionados arriba. Una ley que amnistía a culpables probados desprecia al Poder Judicial (destornillador fundamental, por cierto, del desmontaje de la corrupción galopante que han pagado PP, PSOE y nacionalistas catalanes, con casi 2.000 imputados y con cientos de enviados a prisión). No sólo eso, que ya es un atropello al sistema, sino que esa ley del “què vol tu, cor, demana per aquesta boqueta” (traductor Google: “Qué quieres tú, corazón, pide por esa boquita”) se promulgaría sencillamente para que siga viviendo en la Moncloa el Apuesto Superviviente, alguien que ha vuelto del revés a su partido, una formación esencial para el país. Que creo que ha perdido las elecciones, ¿me equivoco?

No, no sólo es el garrotazo a la división de poderes, y recuerden aquella pregunta prepotente de Pedro: “¿Um, ¿de quién depende la Fiscalía...?”. Es, también, que amnistiar por partidismo va radicalmente en contra de la igualdad de derechos de los ciudadanos, y por tanto en contra de la Constitución. ¿O no es así? Yo, si estuviera preso, por ejemplo, me amotinaría; no solo, claro, sino en compañía de otros.