Cada vez que Pedro Sánchez comete un atropello ruidoso en su condición de presidente del Gobierno de España, el veterano comentarista -que ha visto y enjuiciado tantos personajes que han pasado por los gobiernos nacionales, regionales o locales- siente tentación de ver sus decisiones como las de un niño mentiroso y caprichoso, dando rienda suelta a sus ambiciones, sin importar el precio. Para ello don Pedro -Pedrín o Pedrito- en los últimos tiempos, se ha echado en brazos de un grupo de peligrosos socios que no sólo delinquen contra el Estado, la Constitución y las instituciones fundamentales del Reino, sino que pretenden seguir con sus fechorías, confiados en el socio que dará vía libre a sus deseos, entre ellos, además de abolir los delitos de sedición y rebajar los de malversación del Código Penal, a un referéndum para la independencia de Cataluña. Así se aprobó la ley, con añadidos para controlar el Constitucional, en medio de un escándalo sin precedentes en el Congreso, con insultos mutuos de golpistas, equiparación a los grupos de derecha de intentar otro 23-F, sólo que habían "sustituido a los guardias civiles de Tejero por las togas de los magistrados del Constitucional", a los que se había pedido medidas cautelares para impedir esa abominable resolución. Queda por dilucidar lo que harán esos magistrados, la mitad de ellos descalificados por el presidente -los conservadores son golpistas- en su idea de desprestigiar al máximo las instituciones en las que no pueda ejercer un poder directo.

Sánchez ha originado un caos democrático con sus decisiones para complacer a los secesionistas, como él mismo ha reconocido, como vehículo de reconciliación entre Cataluña y España (¡!). El estropicio ha sido censurado por voces del PSOE, entre ellos los presidentes de Castilla La Mancha y Aragón, García Pages y Javier Lombán. El primero le ha dicho claramente que "no es tolerable pactar con delincuentes" -el intento del golpe de Estado catalán, por el que fueron condenados los autores, fue un acto delictivo gravísimo-, consejo desoído, como el escrito de intelectuales, políticos, entre ellos ex ministros y altos cargos del PSOE y para qué hablar del fiscal anticorrupción y los columnistas y medios independientes, como si todos fueran voces de la derecha o la ultraderecha, como gusta calificar cualquier disidencia.

Tampoco creo acertado que el PP se haya embarcado en esa apelación de impedir una decisión del Parlamento, por inconstitucional y nauseabunda que parezca. Había mecanismos posteriores para intentar impugnarla y no darle otro pretexto a don Pedro -o Pedrín- para ocultar su estulticia bajo el humo de otro escándalo, esta vez inédito en una democracia que en tan malas manos está hace tiempo.