El Gobierno acaba de aprobar el Plan de Vivienda 2018-21 y renovar su apuesta por el alquiler. Ninguno de sus nueve programas se destina a la promoción de la VPO en venta que antaño fue el motor del milagro económico del país. Todo un instrumento de revolución social para convertir una España de obreros en un país de pequeños propietarios. Lo que más se aproxima son algunas ayudas a los jóvenes menores de 35 años, pero si las quieren, tendrán que vivir en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Nos vamos al campo. Está claro, se trata de dejar de ahorrar invirtiendo en vivienda para invertir en activos financieros. Aunque éstos inviertan después nuestros ahorros en vivienda. Nos lo ha propuesto Luis María Linde, gobernador del Banco de España, cuya filiación ideológica no es nada sospechosa porque es evidente su convencida condición neoliberlal. En España no se cuestiona construir casas, sino quiénes deben ser sus propietarios.

El plan volverá a bonificar la construcción de viviendas, pero sólo para alquiler. Sus ayudas se destinaran a promotores públicos y privados, siempre y cuando se dediquen a este fin durante 25 años. Después se podrán vender. Como es evidente que nadie regala duros a tres pesetas, en ese tiempo el inversor recuperará su inversión, los gastos de gestión y mantenimiento, y obtendrá un mínimo beneficio. Al finalizar, sus inquilinos le habrán "ahorrado" el precio que tenga la vivienda a esa fecha y vivirán con lo que para entonces den de sí sus pensiones. Tras descontarles los 600 euros de alquiler que el gobernador recuerda a los pensionistas actuales que no tienen que pagar. Y es que 600 euros son un dinero cuando la pensión media apenas supera los 900. Lo dicho, los españoles debemos dejar de invertir en una vivienda para hacerlo en planes de pensiones de escasa rentabilidad o productos financieros que inviertan nuestros ahorros en las viviendas que nos alquilaran hasta el final de nuestros días.

La alternativa de irse a vivir al campo tiene un riesgo: que el próximo gobernador del Banco de España decida opinar sobre la incidencia de los tomates de un terrenito en nuestras jubilaciones. Aunque no sea su competencia. Es muy probable que lo considere una ayuda que justifique que sigan sin actualizarse. Mientras, el actual no quiere cargarnos con su jubilación y se conforma con su sueldo de más de 180.000 euros al año, que actualiza por encima del IPC.