Hay en Málaga varios miles de pacientes que aguardan entre seis meses y tres años para someterse a una pequeña operación quirúrgica con cargo a la sanidad pública de Andalucía. Como son intervenciones para extirpar un quiste, extraer una muela de juicio, retirar una placa tras una fractura o practicar una ligadura de trompas, por citar algunos ejemplos, nadie pone el grito en el cielo.

Los casos graves se regulan por una norma que cifra el tope en las listas de espera 120 días o, en su defecto, en 180 para pasar por el quirófano. Así que el resto se hallan fuera de decreto . Además, resulta que el Servicio Andaluz de Salud opera algunas patologías que en otros países no obtienen la cobertura pública. Una invitación a todos estos usuarios a que se busquen una salida en algunos de los muchos hospitales privados que han visto la luz en la última década ante las grandes perspectivas de este negocio. Y siempre los partidos aplazan de forma indefinida un debate para determinar qué tipo de asistencia debe proporcionar la salud pública para garantizar su subsistencia y atender, como mínimo, a la población más necesitada.

Las protestas por el tercer hospital para la capital continúan. Todavía no están a la altura de las promesas que la Junta formula desde hace 11 años sin ruborizarse cuando las incumple sistemáticamente. Desde 2007, la Consejería de Salud anuncia con periodicidad un nuevo centro sanitario. Varían el número de camas y los emplazamientos. De 110 plazas a 1.500. Las promesas se guardan en el cajón hasta que una nueva releva a la anterior, cuando las quejas suben de tono. Ahora toca uno de 800 y el dilema es el lugar: la trasera del Materno Infantil o los aparcamientos del Civil. El Gobierno andaluz encargó a una denominada comisión de expertos, con el ex consejero José Luis García Arboleya a la cabeza, que emitiera el informe. Los terrenos de las dos posibles alternativas son propiedad de la Diputación y, según cuenta el presidente de este organismo provincial, Elías Bendodo, el Ejecutivo autónomo ni siquiera contactó con el ente para sondearle.

Aparentemente da la impresión de que el suelo junto al Civil ofrece menos dificultades para ejecutar la obra. Pero no deja de ser una paradoja concentrar en esa barriada otra gran infraestructura sanitaria, cuando a la vez el alcalde y su equipo de gobierno rechazan una línea de Metro en superficie para mejorar las comunicaciones del distrito. Todo porque un grupo de vecinos supo disuadir al regidor para que liderara la oposición al suburbano y así salvaban un puñado de aparcamientos y algunas tradicionales dobles fila. Ahora alegremente se puede decidir por inyectarle al barrio 6.000 vehículos más al día y reclamar un Metro se ejecute bajo tierra. Un escenario lo suficientemente intrincado para pronosticar, como con las patologías leves, que la promesa quedará fuera de decreto.