Nunca un debate en el Senado fue tan esperanzador para los ciudadanos ni el tema tan preocupante. La actual situación energética exige de una altura de miras tecnológica tal que no deja lugar para el navajeo y la pérdida de tiempo parlamentario habituales. Es de suponer que los respectivos gabinetes políticos de cada partido estarán siendo asesorados por técnicos y científicos que ofrezcan algo de luz, y nunca mejor dicho, a este complicado panorama de posibles restricciones y cortes de suministros.

Nuestro país cuenta con innumerables fuentes alternativas de energía por desarrollar. Probablemente una de las más interesantes sea la que se produce en el Estrecho de Gibraltar con la confluencia de una corriente submarina lenta, caliente y salinizada que sale del mediterráneo y otra capa superior rápida y fría que entra desde el Atlántico. Los estudios que hizo sobre ellas el propio Alejandro Goicoechea (inventor del tren Talgo) establecían una generación eléctrica suficiente para cubrir la demanda de toda España. Hoy siguen sin aprovecharse, mediante turbinas submarinas, estas corrientes superficiales estratégicas que producirían una energía limpia, permanente y sostenible.

Otra fuente de energía por explotar son los paneles fotovoltaicos flotantes sobre embalses y canales artificiales. Nuestro país tiene un número de hectáreas innumerables para su ubicación, logrando con ello una minimización de la evaporación superficial, una mayor calidad de las aguas almacenadas y una mayor eficiencia energética gracias a su equilibrio térmico. Sin embargo, llevamos demasiado tiempo esperando una reglamentación para empezar a usarlos, cuando otros países hace años que los utilizan. Valdría la pena que los cientos de asesores del gobierno echaran un vistazo a esta posibilidad, sobre todo para justificar sus sueldos.

Una tercera posibilidad, bastante más administrativa y rápida, son los cambios legales para que se incremente el porcentaje de edificación en las nuevas viviendas que incorporen autoconsumo, de forma proporcional a su calificación energética final. Sabemos que nuestros gobernantes no están muy acostumbrados a premiar a los ciudadanos, pero ha llegado el momento de dejar de exprimirlos y fomentar las inversiones sostenibles. Estas medidas no tendrían coste económico alguno, pero serían un incentivo trascendental para la construcción sostenible y de calidad.