La semana pasada, la Gerencia Municipal de Urbanismo firmó un convenio con los colegios de arquitectos, ingenieros técnicos e industriales, y aparejadores. Se trata de agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas, cuya obtención en los últimos años se ha convertido en un relato propio de Kafka sin que apunte visos de mejora. La solución no es nueva. Se trata de convertir a los colegios en una entidad colaboradora de la administración local mediante el acto reglado del visado. Algo que de facto ya hicieron antaño con el visado urbanístico y que se fue perdiendo a medida que los ayuntamientos restaron importancia a esta supervisión. Ha tenido que producirse el colapso de sus servicios técnicos para que tomen consciencia de que el retraso que acumulan en la tramitación de los expedientes no es asumible. Y no porque afecte a los redactores de los proyectos, sino porque ralentiza la actividad económica del sector y de los usuarios finales, aumenta los costes de producción en tanto que inmoviliza las inversiones realizadas en suelo o inmuebles, y provoca, en más de un caso, que los afectados piensen en vías alternativas de dudosa legalidad para realizar sus obras. Si hace unos años fue el ayuntamiento de Marbella, ahora, la iniciativa le ha correspondido al de Málaga.

En esencia, el mecanismo del procedimiento es sencillo. Se trata de trasladar el filtro de la Gerencia a los colegios y su acto de visado, en la convicción de que son más agiles en la comunicación con el profesional y solventar cualquier incidencia. Para ello, junto al protocolo que dará amparo a esta especie de visado de calidad, tal y cómo se le ha llamado en otros casos, la Gerencia pondrá en marcha un “Sistema de Información Urbanística Común”: un repositorio de documentación urbanística y técnica, una base de datos de preguntas y respuestas, un sistema de resolución de consultas y acciones formativas, cuya inexistencia hasta ahora carece de explicación. Máxime, cuando desde la irrupción de la pandemia, la consulta a los técnicos parece haberse convertido en una especie de yincana diabólica. El protocolo se firmó la semana pasada y el alcalde reconoció que esto tendrá unos costes para los colegios que deberá compensarse. De momento, estos han aceptado el desafío. Ahora le toca el turno a la Gerencia aclarando los criterios de interpretación que en muchos casos sigue y que no llega el momento que publique.