El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, integrado por PSOE, IU y Opción Sampedreña (OSP), ha negado que la anulación del PGOU de 2010 por el Tribunal Supremo vaya a suponer la paralización del urbanismo en el municipio y ha anunciado que se seguirá operando con el de 1986.

El alcalde, José Bernal (PSOE), ha considerado la anulación del plan vigente como una "cuestión de Estado" por lo que espera que todos los partidos de la corporación aúnen esfuerzos, y coordinará acciones con la Junta de Andalucía para actuar de forma conjunta y consensuada.

La sala tercera del Supremo hizo públicas ayer tres sentencias por las que declaraba nula de pleno derecho la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella del año 2010 aprobada en sendas órdenes de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía de 25 de febrero y 7 de mayo de dicho año.

Las tres sentencias basaban la anulación en varios motivos, como que no correspondía al ámbito de potestad de planeamiento "modular la legalización de lo ilegalmente construido", no cumplir las normas de evaluación de los efectos medioambientales, y la ausencia de un informe de sostenibilidad económica.

El equipo de gobierno, a través de las asesorías jurídicas y técnicas, analizará primero las sentencias y tratará de subsanar los errores que plantea el Supremo, por lo que descarta por el momento iniciar la elaboración de un nuevo plan urbanístico.

Bernal ha reconocido que desconocían que el PGOU de 2010 carecía de informe medioambiental y de sostenibilidad económica por lo que los técnicos municipales trabajarán de forma prioritaria en la elaboración de dichos documentos.

El regidor ha trasladado "tranquilidad y estabilidad" respecto a todas las licencias otorgadas hasta la fecha al entender que son firmes y que se ajustan a derecho y ha insistido en que "no se va a buscar culpables, sino soluciones".

Uno de los aspectos más relevantes que destaca el TS es que no tienen validez las compensaciones realizadas hasta el momento, por lo que el Ayuntamiento va a solicitar aclaración sobre este punto para solventar la situación de los compradores de buena fe, aquellos que compraron viviendas ilegales sin conocimiento de su ilegalidad y que el PGOU de 2010 regularizó.

La delegada de Urbanismo, Isabel Pérez (PSOE), ha indicado que mientras se subsanan las deficiencias se pueden seguir tramitando licencias y desarrollando terrenos que se ajusten al PGOU de 1986.

Asimismo, considera que las compensaciones ya realizadas, tanto urbanísticas como económicas, son "actos administrativos y firmes", por lo que no entendería que hubiera que devolverlas.

Por su parte, el concejal delegado de Hacienda, Manuel Osorio (OSP), ha señalado que su delegación está analizando la sentencia y que es "muy prematuro" determinar si afectará al presupuesto municipal.

El Ayuntamiento abrirá la semana que viene una oficina de información urbanística dirigida a los inversores y a los ciudadanos que quieran plantear sus dudas tras la anulación del plan.