La Dirección General de la Guardia Civil ha publicado 4.012 vacantes para agentes en todo el país. En Málaga se han convocado sólo 61 de las 384 vacantes sin cubrir en la provincia, a pesar de que ésta presenta la menor ratio de guardias civiles por habitante en todo el país, según ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Ello implicará, asevera, que las unidades continuarán "bajo mínimos" en la provincia y con "graves problemas" para otorgar de seguridad a los municipios. Sólo se beneficiará a los puestos de Mijas, catorce, Colmenar siete, Álora cinco y Ardales dos, cuando prácticamente todos los puestos de seguridad ciudadana necesitan refuerzos.

La cifra supone apenas el 1,5% del total, pese a que en la provincia existen 450 plazas pendientes —384 de personal en activo y 66 de reserva— y, en palabras del colectivo, prácticamente todas las unidades necesitan refuerzos.

El contraste es aún mayor si se comparan estas cifras con las de otras provincias andaluzas: Huelva recibe 143 vacantes, Granada 115, Cádiz 97 y Sevilla 62. También queda por debajo de Huesca, Teruel, Burgos, Ciudad Real, Alicante, La Rioja, Murcia, Barcelona o Guipúzcoa, pese a que Málaga es la que cuenta con menos agentes por habitante, según apostilla la AUGC.

La consecuencia es que las unidades de la Guardia Civil en la provincia seguirán "bajo mínimos". Las pocas plazas convocadas se concentran en los puestos de Mijas (catorce), Colmenar (siete), Álora (cinco) y Ardales (dos), mientras que la mayoría de los puestos de seguridad ciudadana continúan necesitando refuerzos urgentes.

El resto de vacantes se reparte de forma limitada entre Tráfico, Montaña, Fiscal y Fronteras, Policía Judicial y Automovilismo, dejando sin refuerzo a la mayoría de unidades, pese al elevado número de plazas sin cubrir.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles considera “vergonzoso e indignante” el trato de la Dirección General y del Ministerio del Interior hacia Málaga, cuya plantilla apenas alcanza el 83% de cobertura. Este déficit obliga a mantener muchos puestos cerrados durante gran parte del tiempo, a que las escasas patrullas atiendan varios municipios simultáneamente y a que los agentes no puedan disponer de turnos de trabajo adecuados por la falta de efectivos.

“Nosotros, en un '600' y ellos en un Ferrari”

El pasado mes de octubre, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) intensificaron sus reivindicaciones ante el "abandono institucional" por parte del Gobierno. Representantes de ambos colectivos se concentraron en Málaga para denunciar la que, consideran, una creciente brecha entre los recursos del Estado y los del crimen organizado. Advertían que los agentes que combaten contra el narcotráfico y las redes criminales en zonas como la Costa del Sol“se juegan la vida" con medios insuficientes, mientras las mafias operan con una capacidad logística y económica muy superior. “Nosotros, en un Seat 600 y, ellos, un Ferrari. Viajamos en una zodiac, mientras ellos navegan en una embarcación con tres motores a la que no podemos dar alcance”, sentenciaba entonces Juan Fernández, secretario de la organización representada por guardias civiles.

Las organizaciones sindicales alertaban no sólo de la frustración de los cuerpos policiales ante la escasez de recursos materiales y humanos, sino que también insisten en recordar el "incumplimiento del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018". Y al tiempo piden el reconocimiento de la profesión de riesgo, una categoría que ya poseen los cuerpos de policía autonómicos y locales.

Las organizaciones criminales, especialmente las vinculadas al narcotráfico, han encontrado en el litoral andaluz un espacio propicio para sus operaciones. En palabras de la AUGC, los investigadores se enfrentan a grupos que disponen de tecnología avanzada, vehículos potentes y embarcaciones de gran velocidad, mientras las unidades de la Guardia Civil siguen dependiendo de recursos obsoletos o escasos. "Nosotros lo suplimos con esfuerzo personal", aseguraba Fernández.

Si bien tienen el apoyo de la sociedad, reinvidicaban el respaldo del Estado. "No puede ser que quien nos tiene que proteger no lo haga”, declara el representante de guardias civiles. La falta de reconocimiento, dice, no solo afecta a la "motivación" de los funcionarios, también a las condiciones laborales y a la jubilación. Pese a que el acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 redujo temporalmente las diferencias retributivas, la AUGC denunciaba que el Ministerio del Interior ha “guardado en un cajón” su ejecución, y que la brecha con otros cuerpos policiales ha vuelto a abrirse.