La Junta alerta de las consecuencias por la paralización de la obra de la depuradora norte

Nubarrones sobre la mayor obra hidráulica planteada en la provincia de Málaga. La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, ha asegurado este viernes que la Junta de Andalucía "acata" la decisión judicial que paraliza la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Málaga Norte en la Vega de Mestanza, pero ha alertado de las importantes consecuencias medioambientales, de salud pública y económicas que conlleva este fallo.

En declaraciones a los medios, España ha subrayado que, desde el punto de vista medioambiental y sanitario, “no hay mayor afectación que verter aguas sin depurar al río Guadalhorce”. En su intervención, ha explicado también que, desde su posición como consejera de Economía, le preocupa el coste económico de la paralización: “Vamos a tener que seguir pagando 1,3 millones de euros al año por no poder cumplir la normativa comunitaria en cuanto a la depuración de aguas residuales”.

La consejera ha recalcado que la localización de esta depuradora en la Vega de Mestanza fue aprobada hace más de trece años, y que el proyecto fue respaldado por los plenos de los cinco municipios afectados: Málaga capital, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama y Torremolinos. “Se habían planteado algunos recursos administrativos y en varias ocasiones se habían desestimado por parte del juez, y por tanto nosotros seguimos los trámites”, ha puntualizado. A pesar de ello, ha asegurado que la Junta “acatará” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la estudiará en detalle y decidirá los próximos pasos.

“También tenemos que hacer constar nuestra preocupación por los temas medioambientales y de salud pública”, ha concluido España, subrayando la necesidad de garantizar un sistema adecuado de tratamiento de aguas para una población que supera los 250.000 habitantes.

El TSJA paraliza la obra

La resolución judicial conocida el jueves daba la razón a los vecinos que se oponen a la ubicación de la planta depuradora, considerando que el proyecto incumple varias normativas. En concreto, la sentencia subraya deficiencias en el estudio de impacto ambiental, al que tacha de incompleto, y cuestiona la elección de la Vega de Mestanza como localización final, señalando que se trata de una zona inundable y de especial valor ecológico.

El recurso, presentado en noviembre de 2022, alegaba una serie de irregularidades que el tribunal ha estimado parcialmente. Entre ellas, los vecinos denunciaban que la Junta y su Dirección General no tenían competencias para aprobar el proyecto, que la localización era arbitraria e injustificada, y que el estudio de impacto ambiental presentaba "graves carencias". La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, no estima la falta de competencia de la Junta, pero sí incide con dureza en los fallos del análisis medioambiental.

Según el TSJA, las alternativas al emplazamiento no fueron evaluadas adecuadamente. “No solo no han sido objeto de un estudio medioambiental, sino que se ha limitado a desecharlas por razones ajenas a dicha materia, y en concreto por razones económicas relativas al coste de las obras”, apunta el fallo, que concluye que “han sido motivos exclusivamente económicos los que han decidido la elección”.

El tribunal sostiene que el análisis ambiental “debió extremarse” por tratarse de una zona especialmente sensible y que “debió extenderse a las otras alternativas con la misma intensidad”, algo que, en opinión del tribunal, no ocurrió. Así, el fallo judicial reprende a la Junta por priorizar el factor económico sobre la sostenibilidad ambiental en la toma de decisiones.

Una polémica que se arrastra desde hace décadas

La construcción de la EDAR Málaga Norte y, especialmente, su emplazamiento en la Vega de Mestanza, ha sido objeto de controversia desde hace años. La elección de esta localización, acordada por la Junta de Andalucía y los cinco ayuntamientos implicados, no ha cambiado desde 2003. Sin embargo, el malestar vecinal no ha dejado de crecer y, en los últimos años, se ha traducido en una intensa lucha jurídica.

Además de recurrir a los tribunales andaluces, los vecinos han llevado el conflicto a instancias europeas. Tal como informó recientemente el abogado de la asociación, Marcelino Abraira, se han presentado denuncias ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Defensora del Pueblo Europeo. A estos pasos se suman también media docena de procedimientos en la justicia ordinaria.

Para los vecinos, la Vega de Mestanza no solo es un paraje de valor ecológico incalculable, sino también un símbolo de la lucha por una planificación más responsable y menos lesiva para el entorno. La sentencia del TSJA, que les da parcialmente la razón, supone un hito en ese largo proceso, aunque el futuro del proyecto sigue siendo incierto. La Junta se enfrenta ahora al reto de compatibilizar el cumplimiento de la legislación europea con una solución urbanística y medioambiental que satisfaga tanto a las administraciones como a la ciudadanía.