El Grupo Popular estudia enmendar la reforma de la ley que regula la interrupción del embarazo para "dejar claro que el aborto no es un derecho", además de impedir que las menores puedan someterse a esta intervención sin consentimiento paterno. "El aborto no es un derecho, debe quedar claro", ha dicho el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en una entrevista en RNE, al ser preguntado por la posibilidad de que el PP esté estudiando introducir algunos cambios en una reforma legislativa que hasta ahora solo contemplaba el tema de las menores. Alonso ha recordado que el próximo martes llegará al pleno del Congreso la toma en consideración de la proposición de ley y ha anunciado que "es posible que el grupo pueda presentar alguna enmienda en ese sentido".

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha coincidido con el ministro en señalar que el "aborto no es un derecho, sino desgraciadamente un trauma" y ha explicado que trabaja por alcanzar un acuerdo "lo más amplio posible" en la reforma de la ley que atienda "a las diferentes percepciones del partido" y de otros grupos.

Ante este anuncio, varios diputados provida del PP, especialmente críticos con la decisión del Gobierno de no derogar la actual ley del aborto, han asegurado que esta modificación podría llevar a esta decena de parlamentarios a votar a favor de la enmienda, si bien cada uno de ellos tomará una decisión "en conciencia" sin haber adoptado una postura conjunta. Hernando ha reconocido que se pueden cambiar los proyectos que se tramitan en el Parlamento a través de las enmiendas y que su grupo lo está estudiando, pero "sin que incida en el texto", ni repercuta en la decisión definitiva del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por este mismo partido.

Desde el PSOE, la portavoz socialista de Igualdad en el Congreso, Carmen Montón, ha lamentado que el Gobierno esté legislando sobre el aborto "de forma tramposa y por la puerta de atrás" y atendiendo a criterios electoralistas, con la intención de "recabar votos entre los sectores más conservadores". Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado que los cambios en la reforma de la ley del aborto tengan que ver con la "fuga" de votos del PP.

También han calificado de "electoralista" la iniciativa del PP diversas organizaciones como la Federación de Mujeres Progresistas, cuya presidenta, Yolanda Besteiro, ha lamentado que este partido "quiera aprovechar el periodo electoral para agredir los derechos de las mujeres". La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), Francisca García, ha estimado que este cambio en las filas populares responde al "temor a perder votos" en las próximas elecciones.

Los colectivos provida como Derecho a Vivir y el Foro de la Familia se han mostrado insatisfechos con el giro del PP en esta materia y han exigido la derogación completa de la norma con el fin de proteger la vida. La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha instado al Gobierno a "pasar de las palabras a los hechos" porque, a su juicio, no sirve "de nada" decir que el aborto no es un derecho si mantienen una norma "que lo contempla como tal". En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, quien ha afirmado que suprimir la configuración del aborto como un derecho exigiría eliminar el sistema de plazos, así como la financiación pública de la interrupción voluntaria del embarazo.