Mientras que Mario juega al fútbol en el recreo de su colegio, con la despreocupación lógica que le imponen sus diez años, unas millas al sur, en el mar de Alborán, niños de su edad se juegan la vida para alcanzar las costas españolas. Desde el pasado 1 de enero han llegado a Andalucía 1.509 menores no acompañados. Han sufrido viajes sometidos a tremendos riesgos de violencia y explotación y el futuro que les espera no es mucho más halagüeño, como destacó ayer Andrés Conde, director general de Save the Children España. Muchos de ellos serán víctimas de la trata de personas y vendidos como mercancía para su prostitución en países exóticos. Intentar coordinar los esfuerzos para la protección de estos niños y analizar el panorama actual fue el propósito de la Jornada sobre Menores Extranjeros no Acompañados celebrada ayer en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. El Defensor del Menor de Andalucía y Save the Children fueron los organizadores.

"España es uno de los tres países de la Unión Europea que mayores llegadas de inmigrantes recibe, fueron 28.000 personas en 2017, de los cuales, en torno a un 14% son niños y adolescentes, y nos preocupan especialmente los que no vienen acompañados por sus familiares", dijo Conde. Para Save the Children, "nuestro país cuenta con recursos humanos, económicos y técnicos para atender su situación pero son necesarias e imprescindibles dos cosas; la primera una reforma del sistema de acogida y protección de estos niños que no mire tanto su condición de migrantes sino que prime el hecho de que son menores de edad, eso le da unas necesidades y unos derechos completamente diferentes", explicó Andrés Conde. La segunda cuestión, agregó, "es que se aborde la migración con una política de estado". El director general en España de la organización humanitaria apuntó que actualmente es una responsabilidad transferida a las Comunidades Autónomas, con un reparto muy desigual de la carga de atención. "Es imprescindible que se enfrente desde la administración central del Estado una política migratoria en donde se coordinen los esfuerzos de diferentes comunidades, se establezcan estándares mínimos de calidad en las intervenciones y se mire el fenómeno con una perspectiva de medio plazo porque la llegada de migrantes no es algo puntual que vayamos a vivir este año", consideró Conde.

Y es que mientas que los 500 millones de europeos envejecen, la joven África alcanza los 2.500 millones de habitantes y muchos buscarán en el continente vecino un futuro mejor. Por ello, según Conde, habría que mirar el fenómeno con una visión estratégica. "No es posible sostener el estado de bienestar sin la llegada de un número de migrantes significativo, es importante tenerlo en cuenta y ordenarlo porque es un fenómeno muy difícil de parar".

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, pidió coordinación entre las comunidades más receptoras de inmigrantes y subrayó que "es muy importante averiguar la edad de los menores, tener menos o más de 18 años supone estar en un centro de internamiento de extranjeros o estar en un centro de protección". Para determinar con fiabilidad este dato, "la prueba la vamos a hacer extensiva con el Instituto de Medicina Legal y vamos a intentar que todos los centros tengan los aparatos de diagnóstico necesarios, sobre todo en Motril, Almería y Algeciras, que si el hueso carpo de la mano no es suficiente se pueda confirmar con pruebas bucales y de clavícula", dijo el Defensor del Menor.

"Los niños no pueden estar separados por países, por modelos económicos o estructuras distintas, la solidaridad tiene que ser internacional y los niños no son migrantes, ni extranjeros, son niños, son personas y tiene que prevalecer el interés del menor", destacó Maeztu. También explicó que su oficina tiene detectados a "85 niños que han entrado y están en la trata, llegan por Andalucía, van a Barcelona, de ahí a Bruselas para ser vendidos a países exóticos como Tailandia donde los prostituyen. Estos peligros se evitan con recursos de acogida y control", agregó el Defensor del Menor.

La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio indicó que "nuestras estructuras de protección de menores están funcionando, aunque con dificultad a pesar de que vamos creando cada día más espacios y más centros. Concertamos 300 plazas, después 100 y ahora posiblemente tengamos que ampliar". Lo que sí quiso dejar claro fue que "las niñas y los niños que vienen a Andalucía, lleguen como lleguen y procedan de donde procedan son atendidos como los niños aquí nacidos, es lo que dice nuestra ley orgánica de protección de los menores y si no tienen familia de referencia tendrán que tener un desamparo y una protección". Sánchez Rubio también señaló que el asunto se llevará con urgencia al Ministerio para que pueda establecer una acción conjunta de todas las comunidades.