Tarjetas black Díaz confía en que la Justicia determine si hubo irregularidad en la Faffe

  • La presidenta de la Junta opta por ser respetuosa sobre "algo que pasó hace más de diez años, si pasó".

Susana Díaz. Susana Díaz.

Susana Díaz. / EFE

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este lunes que confía en que la Justicia determinará si hubo alguna "irregularidad" en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se disolvió hace más de siete años.

En declaraciones durante un desayuno informativo con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Díaz ha insistido en ser respetuosa con lo que determine la Justicia sobre "algo que pasó hace más de diez años, si pasó", ha cuestionado

"Si aparece algo irregular la Justicia lo determinará" ha dicho al respecto la presidenta andaluza.

Según ha denunciado el PP, se pagaron servicios de un club de alterne de Sevilla con tarjetas black de la Faffe, además de otros gastos como comidas, alojamientos e incluso reparaciones de vehículos.

El Gobierno andaluz ha negado la existencia de estas tarjetas opacas y ha asegurado que en la Faffe sólo un directivo utilizó una tarjeta "y con muy poco gasto".

El consejero andaluz de Empleo, Javier Carnero, ha asegurado que las liquidaciones de "una única" tarjeta, asociada a la dirección, suman 1.563 euros entre 2008 y 2010.

Por lo que respecta a la agresión a nueve agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil el sábado en Algeciras (Cádiz), Díaz ha asegurado que está en contacto con el Gobierno y que estará "vigilante" sobre esta asunto y para "reivindicar" que se cumpla el despliegue de efectivos necesario.

En todo caso, ha indicado que según la información traslada por el Gobierno este ataque "no responde a otros conflictos" como los producidos meses atrás y ha indicado que la realidad es que "faltan efectivos" tanto en el Campo de Gibraltar como en el resto del territorio nacional.

A su juicio, aplicar la tasa de reposición a los cuerpos de seguridad fue "una de las decisiones erróneas" porque todos los ciudadanos tienen derecho a sentirse seguros y "elementos de esta índole no pueden perturbar su convivencia y modo de vida".

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