El Gobierno de Gibraltar arremetió ayer contra la tasa que el Ayuntamiento de La Línea (Cádiz), gobernado por Alejandro Sánchez (PP), impondrá a los vehículos que quieran acceder al Peñón. El Ejecutivo de la Roca insistió en la ilegalidad de la medida aprobada por el Pleno municipal, a la que tachó de "maniobra política". El gabinete que preside Peter Caruana confía en que el Gobierno de España "difícilmente aceptará su protesta".

Para Gibraltar, las explicaciones dadas por Sánchez para justificar la imposición de este peaje "describen una letanía de ilegalidades" en clara colisión con la normativa europea y "probablemente también con la ley española". Las autoridades gibraltareñas advirtieron que no se va a consentir "ningún tipo de presión" desde el municipio gaditano. El objetivo del Ayuntamiento de La Línea con esta tasa que rondará los cinco euros es recaudar fondos para las arcas municipales, a las que el Gobierno "le debe 30 millones de euros desde la retirada de la carta económica especial de 2003", dijo Sánchez para defender su iniciativa.

La cadena de reacciones, en ambas direcciones, que provocó el acuerdo del Ayuntamiento linense, fue tan prolija como las colas de vehículos que se forman en el acceso a Gibraltar a través de la Verja. El PSOE andaluz, a través de su presidenta, Rosa Torres, recordó que el Consistorio carece de competencias para implantar la tasa. "Contraviene la normativa nacional e internacional de la Unión Europea e, insisto, no compete a los ayuntamientos", dijo Torres.

Más comprensivo con las tesis de Sánchez se mostró su jefe de filas, Javier Arenas, quien colocó la pelota en el tejado de La Moncloa, pues en su opinión el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho "muchas concesiones" a Gibraltar y "ninguna" al Campo de Gibraltar. Arenas reclamó al Ejecutivo que restituya el Estatuto Económico Especial de La Línea.

En contra de la tasa se manifestaron también el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Diego Valderas, y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP), Francisco Toscano. Para el primero, la medida es "ilegal", y aunque reconoció que "las arcas municipales están muy dañadas, posiblemente producto de la mala política del PP local, esta no es la mejor manera de recuperar la economía de la localidad". Por su parte, Toscano consideró que el cobro de un peaje para entrar en Gibraltar es una "coacción a la libertad de movimientos de las personas".