Unos 1.800 de los 5.982 prejubilados andaluces por expediente de regulación de empleo (ERE) están aún pendientes de recibir su renta de diciembre. Está en suspenso porque la aseguradora Generali Seguros, de la que dependen sus pensiones, no les ingresa el dinero y responsabiliza de ello directamente a la Junta. Ayer la acusó de nuevo de incumplir su obligación de abono de la prima de la póliza del seguro, tal y como se lo transmitió a los afectados por carta el pasado 29 de diciembre. La Junta se defiende con el argumento de estar al corriente de sus pagos y, sin ir más lejos, la responsable en esta materia, la Consejería de Empleo, se remitía ayer a las palabras de su titular, Manuel Recio, en el último Consejo de Gobierno de 2011, celebrado el pasado viernes, y en las que se reafirmaba en la puntualidad en los pagos "mes a mes" y en la inexistencia de conflicto.

Generali, vía comunicado, intentó aclarar que hasta ahora ha estado pagando "con regularidad" hasta que "el tomador y la Junta, garante del pago de la prima del seguro, incumplieron su obligación". La compañía se escuda en que la consecuencia del impago de esas primas es que no pueden abonar la renta a los beneficiarios, y que de eso ya ha informado a la Junta en "reiteradas conversaciones".

Aunque el problema parece depender en exclusiva de Empleo, también afecta a Hacienda. Fuentes del colectivo de prejubilados de Delphi -unos 450 empleados- aseguraron que se han puesto en contacto con la Viceconsejería de Empleo y que les ha informado de sus gestiones con la Consejería de Hacienda para que libere la partida necesaria para hacer frente a las cantidades que se les adeuda. Estas, en todo caso, no se liquidarían hasta principios de la próxima semana, entre los días 9 ó 10 de enero. Cabe esperar, que de liberarse esta partida, también llegaría al resto de los afectados, de los que cerca de un millar son de la provincia de Cádiz, donde aparte de los ex trabajadores de Delphi están los del sector bodeguero jerezano, y a los que se suman los de Mercasevilla y de la mina de Riotinto en Huelva, entre otros.

La reacción sindical a esta situación vino de la mano de UGT-Andalucía. Su portavoz, Pilar Marín, repartió a partes iguales la culpabilidad en este caso que tiene en jaque a 1.800 ex trabajadores. A la Junta la acusó de "irresponsabilidad" por la demora en el cumplimiento de su compromiso de pago, y a Generali por utilizar los prejubilados como una medida de presión a la Administración autonómica. En definitiva, acaba pagando al eslabón más débil de esta cadena, los trabajadores, a los que consideró "rehenes" de la Junta, por cuanto está cumpliendo sus compromisos con retraso, y también son "moneda de cambio" para Generali, que los utiliza para "chantajear" a la Junta, toda vez que los afectados ya están planteándose movilizaciones, como ya hicieron el pasado verano por el retraso en el ingreso de sus pólizas por la quiebra de una de las aseguradoras. Marín recordó a este respecto que el 29 de dicembre la Junta hizo un último pago de 18 millones, "por lo que le queda por abonar una cantidad, aunque pequeña, con lo que desmuestra que está cumpliendo con los pagos", y ese mismo día Generali "remitió las cartas a los trabajadores para decir que suspendía sus pagos y señalaba con el dedo a la Junta, exculpándose de toda responsabilidad", cuando "también tiene un compromiso" con estos pensionistas.

Para el sindicato USO, implicado en el conflicto abierto tras el cierre de la planta de Delphi en Cádiz, el único responsable en este caso es el titular de Empleo, Manuel Recio, al que afeó su "desvergüenza" por garantizar que se está cumpliendo con el compromiso de pago. Fuentes de esta organización sindical apuntaron que pese a que el Gobierno andaluz autorizó la refinanciación parcial de la póliza de seguro de rentas por 60,9 millones para los prejubilados de esta compalñía, "lo cierto es que ya ha habido varios meses con problemas con el tema de los pagos".