El Gobierno andaluz quiere ir un paso más allá de la simple respuesta política y está estudiando recurrir a la vía judicial para que el Gobierno central dé marcha atrás a su negativa al pago de los 1.504 millones que se adeudan a Andalucía por las inversiones no ejecutadas de los años 2008 y 2009. El consejero de Economía, Antonio Ávila, anunció ayer que los servicios jurídicos de su departamento preparan una "respuesta jurídica" a la carta del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en la que negaba que el Ejecutivo tuviera la obligación de pagar esa cantidad, que fue cerrada por la Junta poco antes de que expirara al mandato del anterior Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Ávila señaló que la carta recibida a finales de junio en la que Beteta apunta que la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado "carece de competencias en materia de inversiones" y se remite a una comisión no constituida; supone un nuevo "ejercicio de hipocresía" y "falta de respeto político" por parte del Ministerio. El titular andaluz de Economía consideró que la carta gubernamental ha tenido "suficiente respuesta a nivel político", por lo que ha llegado el momento de adoptar "medidas jurídicas", si bien no pudo especificarlas porque aún se encuentran en fase estudio por parte de los servicios jurídicos de la Junta.

Ávila, que acusó al Ministerio de Hacienda de faltar al respeto "al pueblo andaluz y sus instituciones" así como "a una norma jurídica que es el Estatuto de Autonomía", abogó por emitir desde sus competencias una respuesta "articulada, seria, serena y firme", ya que, según interpretó, la carta del secretario de Estado "dice que no respeta el Estatuto".

La carta de Beteta, no obstante, no es nada nuevo. Ya a finales de mayo, el titular de al cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya dejó claro en el Congreso de los Diputados que aunque les gustaría cumplir a "rajatabla" lo que marcan en materia de inversiones estatales los estatutos autonómicos, entre ellos, el andaluz, la situación económica actual es un freno porque "no hay más dinero público". La diferencia está en que si esto es aplicable en estos Presupuestos Generales del Estado de 2012, cosa bien distinta es la reclamación de la Junta de algo que viene de años atrás y que ya estaba acordado con el anterior Gobierno.

Mientras la respuesta jurídica llega o no, la que sigue en marcha es la política, a la que ayer se sumó la consejera de Fomento, Elena Cortés, poniendo así voz a IU en esta reivindicación como socio de gobierno. Cortés tildó de "profundamente equivocada" la política de "ajustes y recortes" que el Gobierno de la nación está "imponiendo" a las comunidades. En este sentido, temió que cuando Mariano Rajoy habla de "pisar el acelerador" lo que plantea es "atropellar a los andaluces y la soberanía que nos viene reconocida por el Estatuto".

Acusó al Ejecutivo del PP de "vulnerar" el Estatuto al decir que "no se van a pagar a Andalucía los 1.500 millones", lo que tradujo en que el PP "no se debe a la democracia, no se debe a los estatutos de autonomía y viene a por los servicios públicos", lo que, según explicó, quiere decir "privatización" de esos servicios y "un atropello a los derechos de los ciudadanos".

Ante la actitud de Moncloa, advirtió que desde el Gobierno andaluz van a "defender con uñas y dientes la soberanía de Andalucía, la vigencia del Estatuto, ya que por encima de cualquier cosa está la democracia y el respeto a las leyes".

La Junta tendrá la ocasión de expresar su malestar a Montoro en la reunión que el próximo martes mantendrá con el vicepresidente y consejero de Administración Local, Diego Valderas (IU).