Todas las cifras de los cursos de formación subvencionados por la Junta son abrumadoras. Tanto, que sólo desde el año 2007 hasta 2012 la administración andaluza ha gastado 2.327 millones de euros en algo más de 36.000 cursos, tanto a parados como a ocupados. A pesar de este gasto, la tasa de paro en Andalucía es ahora del 36%, lo que da buena cuenta de la utilidad de esta política formativa. Pues bien, de esos 2.372 millones de euros, lo que la Consejería de Educación solicita en firme por irregularidades demostradas son 1,059 millones de euros a cuatro entidades, aunque tiene otros 52 pendientes que el titular de este departamento, Luciano Alonso, no quiso cuantificar ayer en el Parlamento. No obstante, fuentes de la Junta explicaron a este medio que la cifra se sitúa en algo más de seis millones de euros.

Para no aportar este número, el consejero de Educación, Luciano Alonso, argumentó que no podía dar los nombres de las empresas afectadas hasta que los expedientes de reintegro fueran firmes, aunque nada le impedía valorar la cantidad. Por ello, por lo abultado de las cifras, y las pocas irregularidades halladas hasta el momento, el consejero volvió a tildar de bulo las acusaciones que, desde el Ministerio del Interior, se realizaron contra el descontrol de estos cursos en Andalucía. Fuentes policiales citadas por varios medios hablaron de "fraude masivo".

A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, donde se realiza un control mediante un muestro aleatorio, Educación comenzó hace ocho meses a repasar todos los expedientes de cursos de formación desde 2007, un total de 8.505, de los que ya ha visado 1.728, y de ellos se solicita información a 1.303 y se pide el reintegro total o parcial a 56. Dentro de esos 56, están las 17 empresas malagueñas que investiga la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (Udef) después de una denuncia de la Seguridad Social.

Las cuatro entidades a las que la Junta solicita el dinero son el Ayuntamiento de Fuenteheridos (Huelva), un total de 449.956 euros; a la escuela de hostelería de la Cónsula, en Málaga, 575.330 euros; al centro de la madera de Encinas Reales, en Córdoba, 4.820 euros, y al consorcio de hostelería de Benalmádena, 29.069 euros. Tres son consorcios públicos y el municipio, gobernado por el PSOE. Además de la investigación de la Udef, la Cámara de Cuentas de Andalucía emitió el pasado enero un informe en el que desvelaba fuertes irregularidades en los cursos dados entre 2009 y 2010, y en el que apreciaba "responsabilidades contables" en la formación que daba la Faffe, la fundación dependiente de la Consejería de Empleo.

En la presente legislatura, no se han vuelto a convocar cursos por parte de la Junta.