El presidente del PP-A, Javier Arenas, tiene en el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, uno de los más fieles cumplidores de la estrategia de acoso al Gobierno socialista de la Junta que pide seguir a rajatabla a los regidores de su partido, que no en vano gobierna también en Cádiz, Huelva, Málaga y Almería, cinco de las ocho capitales andaluzas. Esa infantería cualificada tiene en el alcalde granadino a un miembro destacado.

Los cónclaves de Arenas con sus alcaldes han sido siempre frecuentes, y con las próximas elecciones municipales en el horizonte la intensidad aumenta. El 22 de mayo de 2011 está a la vuelta de la esquina. Los resultados de la batalla electoral por las alcaldías serán una piedra de toque para lo que vendrá después; casi nada: autonómicas -y con ellas el enésimo asalto de Arenas a la Junta- y generales. Lo que se haga en los consistorios es clave.

En la última cita del líder de los populares andaluces con los principales alcaldes de su partido hubo una decisión determinante: la Ley de Aguas de Andalucía no gusta, es perniciosa para los municipios de la comunidad, en opinión del PP. ¿Qué hacer contra ella? Recurrirla ante el Tribunal Constitucional, institución a la que el PP-A parece abonado (hace semanas el secretario general, Antonio Sanz, presentó el recurso contra el decreto de reordenación del sector público). Arenas lo pidió a sus alcaldes: hay que recurrir la ley. Y, raudo, Torres Hurtado y su gobierno municipal ya han anunciado que lo hará. En un Pleno extraordinario celebrado el jueves pasado aprobó una moción con la  que intenta que la Ley de Aguas quede en papel mojado.

En esa línea, el equipo de gobierno de Torres Hurtado mira con lupa cualquier asunto relacionado con la Junta. Y tras la Ley de Aguas le ha tocado el turno al Hospital Clínico San Cecilio, del que es titular el Servicio Andaluz de Salud (SAS).  El Ayuntamiento que preside quien fuera delegado del Gobierno central en Andalucía cuando José María Aznar habitaba la Moncloa ha decidido acabar de un plumazo con el privilegio histórico del centro hospitalario, y ha exigido a la Junta el pago de 658.000 euros.

Esta cantidad corresponde a los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se deberían haber cobrado a la Administración autonómica entre 2007 y 2010. "Unos antiguos privilegios", según el edil del PP y portavoz en funciones, Juan Antonio Fuentes, han impedido hasta la fecha cobrar esa cantidad, de la que la Junta estaba exenta.

Según Fuentes, el Servicio de Gestión de Tributos del Ayuntamiento se ha dado cuenta de esta situación durante la revisión anual del padrón de organismos exentos del IBI, entre los que se encuentran las instalaciones con fines educativos. A diferencia de los centros educativos, los sanitarios no están exentos de pagar el tributo, como lo demuestra el hecho de que el resto de hospitales lo abonen, explicó Fuentes.

La decisión municipal tendrá que ser ratificada por la mayoría del Pleno municipal después de su aprobación ayer en junta de gobierno. No obstante, el Ayuntamiento tiene previsto llevar el asunto al Consejo Consultivo.