El año más convulso de la orientación profesional para el empleo va a concluir este miércoles con un balance de 189 unidades abiertas de las 293 que se previeron cuando se puso en marcha el programa el pasado diciembre, el 64%, según informaron fuentes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Este servicio denominado Andalucía Orienta ha prestado apoyo a los desempleados hasta el pasado lunes día 15 en las oficinas que tienen carácter provincial y lo hará hasta este miércoles en la convocatoria destinada a las entidades que trabajan en más de una provincia, cuyo inicio se retrasó hasta marzo y sólo han contado con siete meses de programa. Han sido 139 entidades las beneficiarias de subvenciones. La inversión se quedó en 27 de los 40 millones presupuestados, que han permitido la contratación de 683 técnicos de los 900 estipulados a principios de año.

La convocatoria de subvenciones del Andalucía Orienta de 2013 recogió por primera vez los criterios aprobados en las bases de 2011, en la que se introdujo la concurrencia competitiva para el reparto de las ayudas (antes se daban discrecionalmente). En teoría, todas las entidades competirían en igualdad, pero el baremo dio una mayor puntuación a las entidades multiprovinciales en detrimento de ayuntamientos, diputaciones o mancomunidades, agentes tradicionales de este servicio. De esta manera resultó que el sindicato UGT obtuvo en la primera resolución 6,7 de los 12 millones de la convocatoria multiprovincial (el resto, hasta 40, sería para entidades provinciales).

La polémica saltó porque, durante este tiempo, UGT se vio envuelta en un escándalo de facturas falsas (algunas a cuenta de este programa) que provocaron la dimisión de su secretario general, Francisco Fernández Sevilla, y un congreso extraordinario. UGT renunció a casi la mitad de esta dotación por entender que no contaba con infraestructura y recursos suficientes para montar las oficinas y se conformó con 3,6 millones, pero la Junta la obligó antes de dispensarle esta subvención a justificar las ayudas de la última vez que participó en el programa, en 2011.

Entre unos y otros se dio una situación esperpéntica: la Junta quiso que UGT abriera sus unidades y le otorgó en la resolución definitiva 2,8 millones (porque serían siete meses de trabajo en lugar de nueve), pero sin certeza de que el sindicato fuese a cobrar, ya que debía justificar de inmediato qué hizo la última vez. Pasados unos minutos del anuncio, UGT respondió: si la Junta no adelantaba el dinero, al menos el 75% que recoge este tipo de subvenciones, no abrirían. No lo hicieron y se perdieron 32 oficinas con 115 contratos que no se repusieron.

Según informaron las mismas fuentes de la Consejería de Economía, otras cinco entidades adjudicatarias renunciaron a toda la ayuda, sin explicitar cuáles.

Entre ellas está CCOO, la segunda en volumen de recursos con 2,4 millones para la puesta en marcha de 23 oficinas con 96 técnicos y que se quedó de vacío. Nuria López, secretaria de Empleo y Política Institucional de CCOO, culpa a la Junta de que el sindicato no haya prestado el servicio.

López afirma que la Consejería de Economía "no ha querido adelantar el dinero y no nos podíamos hipotecar para que al final no pagasen". "El Gobierno de España da como anticipo el cien por cien de la subvención; aquí el 75%, cuando llega, y luego dejan en el aire otro porcentaje para cuando se justifique la subvención. No cuando lo haga el beneficiario, sino cuando lo haga la Administración", subraya la dirigente sindical. Precisamente en otra de las políticas activas de empleo, los cursos de formación (que fueron traspasados a la Consejería de Educación), hay expedientes de 2007 pendientes de justificar por la Administración.

CCOO ha pedido una prórroga para comenzar el programa en otoño, justo ahora que los parados se quedan con la única referencia de las oficinas del SAE, y ante la incertidumbre sobre una nueva convocatoria de orientadores antes de final de año.

Aunque en las bases de 2011 el baremo privilegió a entidades como los sindicatos, al final el 39% de las oficinas las han gestionado las corporaciones locales.

El caos del programa llevó a la Consejería de Economía que dirige José Sánchez Maldonado a anunciar unas nuevas bases que regulen la próxima convocatoria. La intención de la Junta es que se mantenga la concurrencia competitiva que recomendó la Cámara de Cuentas, pero que desaparezcan la distinción entre entidades uniprovinciales y multiprovinciales, porque los servicios centrales del SAE se retirarán. Esto supondría una radical novedad en este programa, ya que esta dirección ha sido la que más dinero repartió históricamente. No obstante, las entidades siguen aportando sus propuestas a Empleo, por lo que la definición del modelo sigue abierto.

No debe tardar mucho, y así ya se lo han recordado al consejero colectivos e IU . El decreto de Empleo Joven que entró en vigor el 8 de mayo estableció en una disposición adicional la obligatoriedad de que en tres meses estuvieran aprobadas las nuevas bases. La Consejería aduce que el mes de agosto no les parece hábil a estos efectos y afirma no obstante que las nuevas bases estarán publicadas en el plazo de dos o tres semanas. Estas mismas fuentes rechazan que las oficinas del SAE se queden desatendidas sin los orientadores, justo cuando hay tres programas de empleo activos (empleo joven, más 30 y exclusión social). Dicen que sólo el de empleo joven necesita el SAE y aseguran que en las oficinas se han habilitado unos "equipos de orientación" compuestos por personal propio. Andalucía tiene una tasa de paro del 35%.