El Tribunal General de la Unión Europea (UE) confirmó las multas impuestas por la Comisión Europea (CE) a España en 2009 y 2010 por irregularidades en el uso de los fondos de desarrollo regional asignados a Andalucía, el País Vasco y la Comunidad Valenciana. La máxima instancia judicial comunitaria desestimó los recursos presentados por el Gobierno español contra las sanciones, que reducen en 219 millones de euros las ayudas regionales asignadas a Andalucía, en 115 millones las de la Comunidad Valenciana y en 27 millones las del País Vasco. El tribunal confirmó así las tres decisiones del Ejecutivo comunitario, que suponen la devolución de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) inicialmente concedidas cada una de estas autonomías por infracciones cometidas entre 1994 y 1999, explicaron fuentes judiciales.

En los casos de Andalucía y Valencia, los fondos correspondían al período 1994-1999, y se integraban en el Objetivo 1 del Feder, destinado al ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas. Por su parte, las ayudas del programa operativo País Vasco correspondían al período 1997-1999 y pertenecían al Objetivo 2 o reconversión económica de las zonas industriales en declive.

Con motivo de las auditorías para el cierre de dichos programas, la Comisión seleccionó determinados proyectos a efectos de control, y apreció "numerosas irregularidades" en las muestras, algunas de ellas "recurrentes", según las mismas fuentes. Los errores constituían principalmente infracciones de la normativa de la UE sobre contratación pública, como la modificación de contratos iniciales y la adjudicación directa de obras complementarias sin realizar una nueva licitación. También se detectaron casos de adjudicación de contratos utilizando criterios supuestamente irregulares, así como la no publicación de anuncios de licitación en el Diario Oficial de la UE, entre otras infracciones de las normas aplicables en el ámbito de los Fondos estructurales.

Después de tratar el asunto con las autoridades españolas, la Comisión decidió reducir la ayuda del Feder concedida para los programas operativos de cada una de estas tres comunidades, extrapolando al conjunto de éstos los "errores sistemáticos" que consideraba haber detectado al examinar las muestras.

España presentó tres recursos contra dichas decisiones ante el Tribunal General. Aunque no negó la existencia de las irregularidades en los diferentes proyectos concretos que forman parte de la muestra, las autoridades españolas argumentaron que la CE no puede realizar mediante extrapolación las correcciones financieras que la normativa prevé. El Tribunal ha rechazado estos argumentos, recordando que la jurisprudencia ha establecido ya que errores sistemáticos comunes a varios proyectos de un mismo programa operativo pueden justificar una corrección financiera aplicable al conjunto del programa. Así, la corte de Luxemburgo considera que la reducción de la ayuda financiera de la Unión puede llevarse a cabo después de la extrapolación de los errores apreciados al programa operativo en su totalidad, y ha decidido desestimar los tres recursos presentados por España.

Bruselas exige a España la devolución de 63,5 millones en ayudas agrícolas

La Comisión Europea ha reclamado a las autoridades españolas la devolución de 63,48 millones de euros en ayudas agrícolas por diversas irregularidades detectadas. Unos 40,6 millones de euros del total que España deberá devolver se debe a "deficiencias" detectadas por Bruselas en controles al sector vacuno y del azúcar, según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado. España también deberá devolver otros 16 millones de euros en ayudas por "deficiencias" en la asignación de ayudas ligadas a la superficie y otros 370.000 euros por "debilidades" en los controles en ayudas para desarrollo rural. La Comisión Europea ha exigido la devolución este martes de un total de 414 millones de euros en ayudas agrícolas de 22 Estados miembros por diversas irregularidades detectadas, siendo Reino Unido el que más deberá devolver, unos 138 millones del total.

La Junta afirma que la devolución corresponde al Gobierno

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha asegurado que la devolución de fondos a la Unión Europea corresponde al Gobierno de la Nación porque fueron sus controles los que fallaron y no los de la Administración andaluza. Ávila ha expuesto que este asunto se refiere al marco de apoyo comunitario 1994-99 y que, a partir de unos análisis de la Comisión Europea, ha habido una "discrepancia" con el Gobierno de España sobre el programa operativo que se desarrollaba en Andalucía, que tenía la participación de la Junta y de prácticamente todos los ministerios. Ha apuntado que todo el proceso de diálogo con la Comisión Europea lo ha llevado el Gobierno de España, que era la autoridad de gestión del programa. 

A partir de ahí, según ha agregado, la Junta tiene que dialogar con el Ejecutivo de la Nación en torno a cómo se articula el mecanismo de retorno de parte de los fondos. Ha señalado que el análisis que la Administración andaluza ha trasladado desde el principio al Ministerio de Economía es que "aquello que se ha detectado, por parte de los servicios de la Comisión Europea, que requiere esa devolución no forma parte de los mecanismos de control de la Junta, sino de los que desarrollaban los ministerios". Ávila ha expresado que la Junta de Andalucía "no debe participar en esa devolución de crédito", sino que lo tiene que hacer el Gobierno español. Ha querido dejar claro que no han fallado los controles de la Junta, sino de los ministerios y, por lo tanto, no se puede achacar a la Administración autonómica "parte de esa responsabilidad en la devolución de esas cantidades".