La Ley de Vivienda del Gobierno entró en vigor a finales de mayo de 2023. Sin embargo, las limitaciones de la nueva legislación han llevado a un aumento de los alquileres temporales en decrecimiento de los contratos a largo plazo y un impacto en la oferta del alquiler, que obligan al Ejecutivo a crear una nueva regulación que tiene como principal objetivo controlar los alquileres de temporada y que desde el Gobierno pretenden activar en los próximos días.

En contra del mal uso de los alquileres temporales

Como dice el refrán hecha la ley, hecha la trampa. Tras la aprobación de la ley de vivienda el pasado mes de mayo muchos arrendatarios han comenzado a ofrecer contratos de alquiler temporal, que cuenta con menos exigencias que los contratos permanentes, para poder sortear lo establecido en la nueva legislación.

Por ello, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pondrá en marcha esta semana un grupo de trabajo para intentar solventarlo marcando las diferencias entre los contratos de alquiler de vivienda y los contratos temporales de alquiler, al ser dos categorías "totalmente diferentes". La primera reunión tendrá lugar el viernes 22 de diciembre y el grupo estará coordinado por el Ministerio de Vivienda, entre los participantes se encuentran también los ministerios de Presidencia y Economía y la secretaría general de Asuntos Económicos de la Moncloa. 

Se buscará impedir que los arrendatarios hagan mal uso de los contratos temporales que están pensados para ser firmados por estudiantes o por trabajadores que residen en una localidad de forma temporal (como es el caso de los nómadas digitales). Este tipo de contratos, como establece el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), regula los alquileres de un tiempo determinado para "una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente". Es decir, no están pensados para ser un alquiler de uso habitual y por tanto cuentan, hasta ahora, con diferentes normas. 

El uso de los contratos temporales en vez de los tradicionales afecta especialmente a las grandes ciudades. Estos últimos han caído en un 12 % respecto a la oferta de 2022, mientras que desde finales de mayo los alquileres temporales han aumentado en un 40 %, según datos de Idealista.com. Es decir, la oferta para cubrir las necesidades de los ciudadanos de una vivienda a largo plazo se reduce a favor de los alquileres de temporada, que cuenta con una regulación más laxa que los contratos tradicionales según lo establecido en la LAU.

Ciudades como San Sebastián y Barcelona son las más afectadas y en las que uno de cada tres pisos se ofrecen en régimen de alquiler temporal. En el caso de Valencia, los alquileres temporales son el 13% de la oferta y en Madrid, este tipo de contratos llega al 11%. En Andalucía, las más afectadas han sido ciudades como Sevilla y Málaga. En la capital andaluza los alquileres temporales aumentaron en un 93 % en tan solo un trimestre, mientras que en Málaga lo hicieron en un 126 %.