La retirada de Santiago Herrero de la primera línea de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) supone para la concertación social otro empujón hacia el precipicio del olvido. De los firmantes del último acuerdo en 2009 sólo quedará ya en activo el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, tras la marcha de su homólogo de UGT-A, Manuel Pastrana, y del ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Todos ellos fueron protagonistas del pacto por el empleo, un remedo descafeinado de la concertación suscrito en marzo de este año, pero sin fondos ni objetivos concretos de inversión ni la foto de manos entrelazadas que había sido característica desde el acuerdo iniciático de 1993, rubricado por Manuel Chaves, Manuel Otero Luna, Cándido Méndez y Julio Ruiz.

La concertación está lejos del centro de la agenda política de la Junta de Andalucía, pese a que el último acuerdo expiraba este año. El alto nivel de desempleo, el recorte de los fondos y sobre todo, las dudas sobre la gestión y la utilidad real de las ayudas han ido relegando a la concertación a un papel secundario.

El Gobierno andaluz lleva meses aplazando la negociación de un nuevo acuerdo que debería estar ya sobre la mesa de diálogo. Desde su punto de vista, la concertación es "un instrumento útil" pero que necesita una profunda reflexión, según indican varios dirigentes socialistas .

El escándalo de las presuntas facturas falsas de UGT en Andalucía no sólo está haciendo temblar los cimientos de este sindicato histórico sino que todo apunta a que también va a tener una influencia directa en la renovación de la concertación. En el seno de la Junta pesa el impacto de la investigación judicial sobre el presunto desvío de los fondos públicos recibidos por UGT dentro de la concertación para la formación de parados. El malestar del Gobierno andaluz con este sindicato es evidente, tanto por la posible malversación de los fondos como por la gestión que ha hecho de la crisis. Pese a que el escándalo afecta sólo a UGT-A, el descrédito salpica a todos los agentes sociales, por lo que es difícil que se reedite el acuerdo sin que se depuren responsabilidades y se devuelvan las partidas malversadas. Además, en el Gobierno andaluz se tiene ahora la impresión de que la crisis económica requiere de una respuesta diferente que permita reducir el millón y medio de parados y crear empleo estable.

Los acuerdos de concertación también generan dudas legales. El Tribunal Supremo reconoció en dos sentencias la "discriminación" de CSIF en comparación con los beneficiarios históricos -los sindicatos UGT y CCOO y la CEA-.

La crisis no ha hecho sino avivar el debate sobre la utilidad real de la concertación para la economía andaluza, más allá de los réditos de legitimación obtenidos por las entidades firmantes en el mantenimiento de la proclamada paz social. El PP-A va aún más allá. Su secretario general, José Luis Sanz, rechaza que "la Junta siga repartiendo dinero a manos llenas para tapar la boca a los agentes sociales".

En los veinte años de concertación, Andalucía no ha corregido los desequilibrios de su economía, pese a contar con una financiación europea extraordinaria que no se volverá a repetir en los próximos años. Tampoco ha logrado superar el atraso secular y sigue situada en el vagón de cola de las regiones españoles en términos de renta. En los años de bonanza, el empleo creció por la vía de la temporalidad y de la demanda de mano de obra de baja cualificación por la construcción. Además, fue incapaz de desarrollar un modelo productivo alternativo que hubiera paliado el impacto de la crisis. Magros frutos a cambio de la paz social.