El PSOE volvió a ceder ayer ante las exigencias de Junts y el resto de partidos que apoyan la amnistía y pactó una enmienda transaccional que modifica el artículo 2 de la futura de Ley de Amnistía de manera que se otorga impunidad frente a los delitos de terrorismo callejero que se cometieron durante el procès y tras conocerse la condena a sus máximos responsables por delito de sedición (ya eliminado del Código Penal en la anterior legislatura). 

La enmienda fue pactada por PSOE y Junts y respaldada también por Sumar, ERC, Bildu, PNV, y Podemos y con ella se excluyen del proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo “siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos” como matar o torturar. La modificación elimina toda referencia a la firmeza de las sentencias y permite amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic que han sido investigados en la Audiencia Nacional. 

La nueva cesión socialista se consumó en la Comisión de Justicia del Congreso. Estos grupos pactaron diversas enmiendas a la proposición de la ley que presentó el PSOE el pasado noviembre para amnistiar una década del procès independentista catalán, incluidos delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación. 

Con la enmienda el PSOE acepta modificar el artículo 2, en su apartado d), para precisar que quedarían excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo “siempre y cuando” la intención de los acusados fuese generar “violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario”; es decir, “siempre y cuando” hubiese una clara intención de matar o torturar, hecho que no encaja con los delitos que investiga la Justicia española. 

Así, la enmienda permitirá amnistiar a las personas señaladas en los procedimientos judiciales relativos a los CDR y a Tsunami Democràtic. En esta última causa, se señalaba –entre otros– al ex presidente catalán prófugo y líder de Junts, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. 

En dicha investigación, que se sigue en la Audiencia Nacional sobre los disturbios supuestamente orquestados por Tsunami Democrátic en el otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del procès, el juez considera que debe determinarse si el fallecimiento de un ciudadano francés en el marco de la ocupación de El Prat sería imputable a los responsables de dicha plataforma independentista. 

La enmienda aprobada ayer prevé la amnistía incluso en caso de fallecidos, ello porque contempla el perdón para aquellos que no tuvieran intención de matar o torturar. El pasajero francés de 65 años murió en el Hospital de Bellvitge tras sufrir un infarto en la T2 del Aeropuerto de Barcelona, después de caminar cuatro kilómetros para alcanzar la infraestructura aeroportuaria, que se encontraba bloqueada por concentraciones de Tsunami Democràtic. 

La proposición de ley que ahora se enmienda proponía que quedasen fuera de la amnistía “los actos dolosos contra personas que hubieran producido un resultado de muerte”. 

Bolaños dice que no se cruza una línea roja 

Pese a la evidente cesión y nuevo cambio de criterio por parte del PSOE, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, rechazó que el Gobierno haya cruzado una línea roja respecto a la consideración del delito de terrorismo en la Ley de Amnistía al pactar esta enmienda. 

Por el contrario, sostiene que este cambio en la norma aporta más seguridad jurídica. Asimismo, el ministro sostiene que el cambio deja en manos de los jueces la decisión de si los delitos que se juzgan alcanzan ese nivel de gravedad que los excluye de la Amnistía.  

La del terrorismo no fue la única cesión de ayer por parte del PSOE, ya que también pactó con Junts y la aquiescencia de Sumar, ERC, Bildu, PNV, y Podemos una enmienda al artículo 4, relativo a los efectos sobre la responsabilidad penal. 

En dicha modificación proponen que sea el órgano judicial que tenga conocimiento de la causa y no el órgano competente –como fijaba el proyecto de ley– el que se encargue de ordenar la “inmediata puesta en libertad” de las personas beneficiarias de la amnistía que se hallaran en prisión, ya sea por haberse decretado su prisión provisional o en cumplimiento de condena. 

No queda en eso sólo. La enmienda plantea además que dicho órgano deberá acordar “el inmediato alzamiento de cualquier medida cautelar” que se hubiesen adoptado por “acciones u omisiones comprendidas en el ámbito objetivo de la presente ley, con la única salvedad de las medidas de carácter civil”, así como el alzamiento de cualquier medida que implicase “la privación del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas”. Además, propone que “el órgano judicial que esté conociendo de la causa” deje sin efecto las órdenes de busca y captura”, tanto las nacionales como las europeas e internacionales. 

Blindaje total 

El PSOE y sus socios también acuerdan en dicha enmienda que “la suspensión del procedimiento penal por cualquier causa” no impida el alzamiento de las medidas cautelares acordadas. Y se propone que el órgano judicial que esté conociendo de la causa de por finalizada la ejecución de todas las penas privativas de libertad y multas una vez la ley entre en vigor. 

Se trata de un blindaje total, ya que impiden que la amnistía se paralice y sea obligatorio levantar las medidas aunque se presenten cuestiones de inconstitucionalidad que podrían presentar los jueces al Tribunal Constitucional, así como las cuestiones prejudiciales al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sobre el encaje en el Derecho comunitario del borrado de los delitos. 

Al margen, además de incluir modificaciones para garantizar el levantamiento de medidas cautelares aun cuando se planteen preguntas al Constitucional y el Tribunal de Justicia de la UE, han incluido una salvaguarda para que se levanten las medidas restrictivas de derechos y libertades, lo que supondría aumentar la cobertura legal de la amnistía.