El juez Manuel García-Castellón ha acordado remitir a Suiza el informe en el que la Junta de Fiscales de Sala ha plasmado su criterio mayoritario sobre los hechos que investiga el magistrado en relación con la plataforma Tsunami Democràtic y respecto a los que no les cabe "duda alguna de que encajan perfectamente" en el delito de terrorismo. 

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado se dirige al fiscal de Sala jefe Fidel Cadena para pedirle que le remita el informe que ha redactado en nombre de la mayoría de la Junta de cara al que finalmente emitirá la Fiscalía en respuesta a la exposición razonada que el juez envió al Supremo para que asuma esta investigación por afectar al expresidente catalán Carles Puigdemont, que es aforado por su condición de eurodiputado. 

García-Castellón pide así una copia de dicho escrito tras conocer de su existencia este miércoles por los medios de comunicación "para su unión a la documentación que se remitirá a las autoridades suizas con la mayor brevedad posible", según indica la citada providencia 

Con dicho informe quiere dar respuesta a la información adicional que le han pedido las autoridades helvéticas para verificar si la solicitud del juez "tiene carácter político", lo que, según añadían, les impediría conceder la asistencia judicial solicitada, que ha quedado en suspenso a la espera de esos datos. 

En cuanto a estas dudas que planteaba la Oficina Federal de Justicia de Suiza, García-Castellón ha dictado un contundente auto en el que le recuerda a Suiza que los tratados internacionales le impiden rechazar por motivos políticos ese auxilio judicial, ya que se trata de una causa en la que se investigan delitos de terrorismo. 

Una afirmación que reforzaría el informe elaborado por el fiscal Fidel Cadena y que quiere incluir en su respuesta a las autoridades helvéticas. 

En ese mismo auto el magistrado también ha mostrado su malestar por la petición de las autoridades suizas de que les envíe información sobre la futura ley de amnistía, y ha calificado de "inadmisible" que le pidan explicaciones sobre una "hipotética" ley que no está aprobada. 

La respuesta a la comisión rogatoria enviada a Suiza pidiendo la localización de la líder de ERC Marta Rovira, así como información una cuenta bancaria desde la que se pudo financiar a Tsunami Democrátic, tuvo entrada en el Ministerio de Justicia el pasado 29 de diciembre, si bien no llegó a la Audiencia Nacional hasta este pasado martes, tras su publicación horas antes en varios medios de comunicación. 

Esto ha motivado que el juez haya decidido abrir una pieza separada con carácter reservado para esclarecer un posible delito de revelación de secretos por la filtración del documento antes de su recepción en el Juzgado.