¿Hubo órdenes directas de los concejales de Urbanismo y Cruz de Humilladero a los técnicos para que ‘mirasen para otro lado’ ante los más de 140 expedientes abiertos por infracciones urbanísticas cometidas en la urbanización de Villas del Arenal? La contestación a este interrogante, objeto central de la comisión de investigación que durante más de seis meses ha marcado la gestión de la Casona del Parque, es clave para dibujar el futuro político de los dos ediles ahora denunciados por la Fiscalía, así como del coordinador general de Ordenación del Territorio.

Pero más allá de lo que acabe dirimiendo el juzgado correspondiente, que siempre tiene la opción de no abrir siquiera diligencias en este asunto, lo que trasciende de la cuestión es la controversia en torno a la capacidad real de la Gerencia de Urbanismo para ejercer sus funciones como ente de vigilancia y control. Las numerosas intervenciones de técnicos en el marco de la citada comisión, constituida para analizar la gestión en materia de infracciones entre 2006 y 2016, más allá de las connotaciones de índole política, sí han plasmado de manera objetiva el estado anquilosado de la maquinaria y una ausencia palpable de medios humanos y técnicos.

Sirva de ejemplo que en el avance de las sesiones nadie fue capaz de aportar números exactos de expedientes que en el transcurrir de esa década habían caducado y cuántos siguen vivos a la espera de resolución firme. De hecho, no fue hasta el informe de conclusiones final cuando el Ejecutivo local dio a conocer su pretensión de poner en marcha "un inventario complementario que, tomando como referencia la base de datos actual, agrupe y relacione los expedientes según el procedimiento y situación en el que se encuentren, con el objetivo de optimizar el volcado, tratamiento y usabilidad de lo datos del servicio".

Una tara que, sin duda, es palpable en el caso de Villas del Arenal y el modo en que los departamentos correspondientes han intervenido en el mismo. Sin entrar en cuestiones de índole interpretativo sobre la voluntad o no de "dejar morir expedientes", como llegaron a denunciar varios ex jefes de Urbanismo, el informe elaborado por el Seprona por encargo del fiscal pone de manifiesto una disfunción evidente en el devenir de los asuntos relacionados con esta urbanización.

La labor realizada por los operarios de la Guardia Civil toma como base la documentación en su momento remitida por la Gerencia de Urbanismo. Conforme al estado de cada uno de los expedientes, el Seprona confirma la existencia de 143 procedimientos sancionadores. De ellos, 60 fueron archivados, aduciéndose razones varias: 44 porque la infracción que motivó su apertura prescribió, y otros 7 porque los mismos caducaron. Ello pone de manifiesto que, al menos en estos casos, la acción de Urbanismo no fue lo ágil que debiera.

¿Qué ocurre con los otros 83 expedientes sancionadores incoados vivos? De acuerdo siempre con el estudio del Seprona, hay 35 de estos supuestos en los que "no consta incoación de expediente ni tampoco resolución", y en otros 30 expedientes si bien sí existe providencia de incoación "no existe ningún otro trámite posterior que diera continuidad al dicho expediente". Asimismo, se informa de otros 14 expedientes incoados que cuentan con propuesta de resolución, pero la misma no es firme.

Finalmente, sólo se reconoce que hay 4 expedientes en los que la tramitación concluye con la imposición de sanción, si bien solo "consta" el cobro de uno de ellos. De acuerdo con estos parámetros, del total de sancionadores, que queda reducido a 134, si se le quitan los excluidos por la inexistencia de infracción (5), los que tienen un autor equivocado (2) y los anulados (2), sólo culminaron con multa el 3%, porcentaje que cae al 0,7% si se atiende a las multas cobradas.

Este es el análisis relativo a los sancionadores, pero el informe de la Guardia Civil recoge también las órdenes emitidas para el restablecimiento de la legalidad alterada por la comisión de obras ilegales, buena parte de ellas por la ejecución de pérgolas, piscinas... En este caso, se detallan 117 procedimientos por obras no legalizables, que conllevaron la demolición de lo ejecutado por parte de sus propietarios. Sin embargo, hay otros 69 casos en los que, según los agentes encargados del análisis, "no consta que se haya producido" tal intervención. A todos estos, hay que añadir otros 20 en los que sí era factible la legalización de lo construido, proceso que habrían seguido 16 de los afectados, mientras en cuatro "no consta dicha circunstancia".