La denuncia pública de CGT de que presuntamente una panadería de Coín pagó el sueldo a un trabajador con el concepto “nómina mes de abril maricón” vuelve a poner el foco sobre la LGTBIfobia. Diferentes asociaciones advierten del incremento de casos, pero aclaran que es una realidad que las estadísticas no reflejan porque la mayoría de las víctimas no denuncian y por lo tanto quedan impunes.

Según el presidente de Federación Andalucía Diversidad LGBTI, Antonio Ferre, “hay un repunte de la LGTBIfobia de la mano del avance de la ultraderecha”. Aclara que ese incremento no va acompañado de un aumento del número de demandas porque muchas víctimas optan por el silencio o, como mucho, por denunciarlo en redes sociales o en las asociaciones que representan al colectivo; pero no ante la Policía o un juzgado.

“Y si no se ven, es como si esos casos no existieran. Si las víctimas no se arriesgan a denunciar, no se ponen las medidas” para atajar estos delitos de odio, insiste la coordinadora de la Federación, Isabel Rodríguez. Andalucía es la quinta comunidad autónoma con más casos y en España, dentro de los delitos de odio, aquellos motivados por la identidad de género y la orientación sexual ocupan el segundo lugar después de los comportamientos delictivos por racismo.

Rodríguez coincide con otros representantes del colectivo en el alto nivel de infradenuncia. “Hay muchísimos casos que no se denuncian. La gente lo cuenta en redes, en prensa, en las asociaciones; pero no en un juzgado”, lamenta. El miedo a represalias de los propios agresores o la desconfianza en la maquinaria judicial lleva a muchos afectados a no dar ese paso para que se juzguen los hechos.

Pero Santiago Rubio, presidente de Colega Torremolinos y un referente que lleva más de 30 años luchando por los derechos del colectivo, aconseja acudir a la Policía o a la Justicia. “Animo a denunciar. No podemos estar sin hacer nada con la que se nos viene encima con esta oleada homofóbica que hay como consecuencia del avance ultraderechista”.

Él asegura que prácticamente no ha sufrido incidentes de LGTBIfobia. Pero hace un año, tras advertir por privado a un hombre que los comentarios que hacía a través de una red social constituían un delito de odio, recibió amenazas a modo de respuesta. Lo denunció y el juicio está previsto para este mes de junio en Torremolinos. “Hay que denunciar; la Justicia es lenta, pero actúa”, afirma.

Rubio, en comparando los testimonios que llegan a las asociaciones con las “escasas” denuncias que se registran, estima que éstas apenas alcanzan en torno a un 10% de los ataques LGTBIfóbicos, sean verbales o físicos. Ferre calcula un poco más, alrededor del 30%. Pero número arriba o abajo, en lo que coinciden las organizaciones es en que la infradenuncia no ayuda a visibilizar el problema ni a dimensionarlo en sus reales proporciones. Muchas veces porque un insulto o una vejación verbal se deja pasar y otras porque una víctima que ha sufrido una paliza tiene miedo a represalias físicas peores, el resultado es que la mayoría de las acciones delictivas no se castigan penalmente ni se contabilizan en ninguna estadística.

Ferre reconoce que, aunque queda mucho por hacer, a nivel legislativo “se ha avanzado” en los últimos años. Pero matiza que ese avance es mayor en los papeles que en la realidad. Por eso, como los demás representantes del colectivo, anima a denunciar para que esos delitos no queden impunes.