La sección de Justicia del sindicato CSIF ha denunciado que las "numerosas deficiencias detectadas" ya en 2013 en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga "siguen sin solventarse", mientras la Administración "se niega a facilitar a las organizaciones sindicales la documentación de las evaluaciones realizadas y las medidas adoptadas". Asimismo, la organización subraya la "absoluta falta de transparencia" de la Administración autonómica sobre las actuaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales desarrolladas en el centro de trabajo.

Según el sindicato, tanto la Delegación territorial de Justicia de la Junta de Andalucía en Málaga como la dirección del IML "se han negado a aportar el Plan de Prevención, la evaluación de riesgos, la planificación preventiva y los resultados de vigilancia de la salud". Una documentación que, recalcan, "deben facilitar a los representantes sindicales en PRL, como recoge la normativa".

CSIF afirmó que así lo recoge también la Inspección de Trabajo en un reciente escrito que se les remitió en respuesta a la denuncia que este sindicato presentó el pasado mes de agosto "alertando de la situación en el IML, en el que prestan servicio alrededor de 60 trabajadores". "La Inspección de Trabajo ha detectado incumplimientos en materia de Evaluación de Riesgos Laborales y planificación de la actividad preventiva, así como de información, consulta y participación a los representantes sindicales", indicaron desde el sindicato.

Asimismo, subraya que la "actitud negligente de la Administración está provocando un clima de incertidumbre y malestar entre los trabajadores". Esta situación "empeora aún más con la evidente falta de actuaciones en el centro de trabajo, que adolece de las mismas carencias que diez años atrás".

CSIF denuncia que el último informe de Prevención de Riesgos Laborales en el Instituto de Medicina Legal facilitado a los representantes sindicales es de 2013, en el que ya se recogían "numerosas deficiencias que la Administración debía solventar". Entre ellas, el informe de bioseguridad, a cargo de una empresa privada, recogía que la sala de autopsia, según el sindicato, "no dispone de una esclusa de doble puerta, sin existir ninguna otra barrera de protección al efecto ante la apertura de la misma, así como que la esclusa de acceso de las funerarias no disponía de espacio suficiente para el acceso sin mantener ambas puertas abiertas, motivo que podía justificar el olor que en ocasiones se apreciaba en los alrededores por parte de los funcionarios".

La organización sindical también denuncia "varias deficiencias antiguas, algunas evidentes a simple vista, como la rotura de parte del techo de una de las salas de autopsia, por donde escapan los olores al falso techo; o la ubicación de la sala rayos X, que no ha podido ser usada por una mala ubicación y falta de dotación".

El sindicato ha vuelto a exigir a la Delegación territorial "que cumpla con la normativa e informe sobre las evaluaciones y las medidas desarrolladas en el Instituto de Medicina Legal, al tiempo que denuncia el nulo interés de la Administración por la Prevención de Riesgos Laborales en sus centros de trabajo".

En este sentido, CSIF se cuestiona por qué se ha encargado una nueva evaluación a una empresa privada, actualmente en desarrollo, "cuando no se han dado a conocer las conclusiones de la evaluación anterior, que realizó la propia Junta de Andalucía a través de su servicio de Prevención de Riesgos Laborales, "con las posibles deficiencias y las medidas tomadas para prevenir los riesgos y la posible afectación de trabajadores".