Cuenta atrás para el fin de Limasa

Dieciséis años de contrato, más de 1.400 millones de euros desembolsados por las arcas municipales para el servicio de limpieza viaria y recogida de basura en este tiempo, interminables conflictos laborales que han dado lugar a tres huelgas convocadas por los trabajadores desde 2011 y un sinfín de polémicas en torno a la gestión de una empresa mixta que inicia la irremediable cuenta atrás para su fin.

Dentro de justo un año vencerá el actual contrato de la sociedad participada por el Ayuntamiento de Málaga, con el 49% del accionariado, y sus socios privados (FCC, Urbaser y Sando) mediante un sistema mixto de gestión que ha sido objeto de continuas críticas desde el mismo momento de su constitución y que no ha logrado resolver el problema de la limpieza en una ciudad que se ha ganado el calificativo de sucia en estos años.

Limasa está más en el candelero que nunca. La reciente huelga de 11 días que ha mantenido a la ciudad inundada de basura, la comisión de investigación que permanece abierta sobre la gestión realizada en estos años y la polémica sobre el enchufismo pactado entre empresa y sindicatos han ensombrecido aun más si cabe la historia de una empresa que tiene las horas contadas.

Quedan 12 meses por delante para consensuar el tipo de servicio de limpieza y recogida de residuos que se quiere para la ciudad y la forma en la que se gestionará, en un proceso que se avecina tenso y complejo por la disparidad de posturas de las que se parte entre los que deberán decidirlo.

Hay tres patas para una misma mesa y a priori encajar cada una de ellas no parece tarea fácil. Por un lado, el equipo de gobierno del PP, aunque sin definirse claramente, ha defendido últimamente siempre que ha tenido ocasión las bondades de una posible privatización al cien por cien, argumentando los elevados costes que tendría para las arcas municipales municipalizar el servicio y no queriendo repetir los errores del modelo mixto que tantos quebraderos de cabeza le ha provocado. Por otro, están los partidos de la oposición con una clara división entre los partidos de izquierdas que apuestan sin tapujos por hacer público el servicio y Ciudadanos, socio de investidura de los populares, que se mueve entre dos aguas. Y, por último, los más de 1.300 trabajadores de la propia empresa que, a través de los sindicatos que forman el comité de empresa, han manifestado que quieren sin reservas la municipalización, a pesar de que eso implicaría tener que renunciar a derechos adquiridos como los polémicos puestos hereditarios.

El tiempo apremia y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, se comprometió a iniciar el debate sobre el futuro de la empresa después de la Semana Santa y que el nuevo modelo de gestión se decida con "el máximo consenso posible" entre los grupos políticos, los propios trabajadores y otros colectivos.

Pero hasta la fecha no hay definida una hoja de ruta concreta, si bien el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, aseguró a este periódico que septiembre es "la fecha límite para tener definido el modelo" para que así dé tiempo a iniciar la licitación del servicio en el caso de su privatización o de iniciar los trámites para solicitar al Gobierno central autorización para la creación de una nueva empresa municipal si se opta porque sea público.

En lo que sí llevan trabajando ya tiempo los técnicos del área de Sostenibilidad Medioambiental es en la redacción del servicio de limpieza viaria y recogida de basura que se quiere para el futuro de la ciudad, sin entrar en especificar cómo es gestionaría. Es decir, "se está ideando el nuevo servicio a grandes rasgos sin entrar en el detalle de cuántos medios harán falta para llegar a cumplirlo", dijo Jiménez.

Una vez que se termine esa primera parte, los técnicos sí tendrán que saber cómo se gestionará para determinar exactamente qué maquinaria haría falta porque "obviamente si es público no puedo comprar todos los camiones que quisiera", advirtió.

La idea del edil responsable del área es, por tanto, que este documento esté terminado antes del verano y que sea entonces cuando se inicie una ronda de conversaciones con los distintos partidos y los trabajadores. Eso sí, insistió en que "pretendemos que cada uno aporte algo para mejorar el servicio, no que vengan con su modelo de gestión claro y una postura inamovible porque si no las reuniones durarán cinco minutos".

Málaga Ahora, IU-Málaga para la Gente y PSOE han formado un frente común para defender la municipalización del servicio, pero sin aportar estudios económicos con los que argumenten la idoneidad de esa opción. La única que ha variado sensiblemente su postura recientemente ha sido la portavoz del grupo municipal socialista, María Gámez, que subrayó que la "peor" de las soluciones posibles sería la que el modelo sea definido por el PP con Ciudadanos, "porque ya sé qué camino van a escoger y no es precisamente el público; elijo una opción en la que podamos entrar en juego el resto de partidos para compensar la tendencia derechizante que tiene el PP". En este punto, abrió la puerta a modificar su apuesta por la municipalización del servicio en pro de alcanzar un consenso con el resto de formaciones políticas y dijo que "soy defensora de la municipalización pero si me someto al consenso es para hacer un esfuerzo que puede terminar siendo un híbrido".

La llave la podría tener Ciudadanos y el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, advirtió hace unas semanas que "si hablamos de privatizar, no querríamos que se haga sólo un contrato en el que los privados sigan haciendo literalmente lo que les venga en gana". Así, apostó por "crear un sistema en el que se creara una competencia entre empresas, incluso, por zonas". Ahora bien, matizó que "si no se va a hacer un control y una competencia entre empresas, no descartamos una Limasa cien por cien pública, que seguramente tendría unos costes inferiores".

Por ahora lo único en lo que parece que todos coinciden es en que no prorrogar el actual contrato, una posibilidad recogida en el pliego de condiciones original de Limasa III y que daba al Consistorio la posibilidad de ampliarlo por otros ocho años.

Las razones son de sobra conocidas y el hecho de que la limpieza haya costado tanto dinero en los últimos años al Ayuntamiento sin que luzca en la ciudad pesa bastante. Según los datos oficiales de los presupuestos municipales, desde el año 2009 hasta el presente ejercicio, las cuentas públicas locales han reservado para esta tarea más de 711 millones de euros, lo que hace una media próxima a los 89 millones anuales. Una simple extrapolación de esta cifra a los 16 años que acumula ya el contrato con la sociedad Limasa III, que se remonta a abril de 2001, sitúa el gasto realizado en más de 1.400 millones de euros. Ello supone una apuesta económica que no tiene comparación con ningún otro servicio municipal.

Aunque la mayor partida del presupuesto anual va dirigida normalmente a la limpieza urbana, parte de ese presupuesto también va directo al bolsillo de los socios privados en base a conceptos ciertamente cuestionables. Por ejemplo, estas empresas han recibido desde el año 2001 hasta la fecha 24 millones de euros por labores de asesoramiento a través de la llamada asistencia técnica, a lo que habría que añadir los 66 millones de euros que el Consistorio había pagado a la sociedad entre los años 2005 y 2014 en compensación para garantizar un beneficio anual del 2%, como forma de compensar el desequilibrio económico que supusieron las mejoras salariales que se concedieron a los trabajadores por parte del Consistorio en los primeros años del contrato.

Casi la mitad del presupuesto para limpieza

Del presupuesto municipal destinado a Limasa, el concepto que más atención recibe es la limpieza urbana. Para esta labor se han venido consignando del orden de 49 millones de euros anuales (780 millones estimados desde el inicio de las operaciones), seguida de la recogida de residuos, con unos 24 millones de media (370 millones), y la eliminación de residuos (referencia posteriormente sustituida por el tratamiento de residuos), con un gasto estimado medio de 17 millones (casi 270 millones desde 2001). Estos números sitúan a Málaga entre las ciudades que más presupuesto de sus arcas destina a la tarea de saneamiento de la urbe a nivel nacional, superando incluso, en algunos de los conceptos, a capitales de mayor tamaño. Ejemplo de ello es lo desvelado por el Ministerio de Hacienda hace algunos meses, cuando dio a conocer los datos aportados por el propio Consistorio malagueño relativos al gasto real en materia de limpieza en 2014. De acuerdo con los mismos, fueron del orden de 89 millones los destinados a cubrir la recogida de residuos, el tratamiento de los mismos y la limpieza viaria. De los tres componentes del servicio de limpieza , el más elevado es el correspondiente a la limpieza de las calles, con poco más de 47,1 millones, lo que implica una media de 83,1 euros por habitante, por encima de Madrid y Valencia, con 72,6 euros y 47 euros, respectivamente, y por debajo de Barcelona, que destinó 110,7 euros por habitante. La insatisfacción por el servicio de limpieza es extensible al propio equipo de gobierno del PP. Por si fuera poco, una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) constataba como de 100 puntos de valoración, la limpieza urbana recibía en Málaga solo 45, mientras que la recogida de basuras alcanzaba los 48 puntos. En ambos casos muy por debajo de la media nacional.