Las opciones reales que tiene el Ayuntamiento de Málaga para controlar el fenómeno de la vivienda turística quedan seriamente limitadas. Tanto es así que la pretensión que viene manejando el equipo de gobierno del PP de intervenir utilizando la herramienta del planeamiento urbanístico, fijando límites máximos de uso para este tipo de alojamientos, cuenta de inicio con los reparos del secretario general municipal, Venancio Gutiérrez. El alto funcionario, en el marco de unas jornadas sobre vivienda turística, fue contundente al considerar que la respuesta a los "problemas" que genera este modelo turístico en la capital "no pasan por el urbanismo".

De manera precisa, mostró su rechazo a que "pueda limitarse el uso de manera discriminatoria a través del planeamiento", advirtiendo de que de actuar en esta dirección el Consistorio podría toparse con el riesgo de tener que indemnizar económicamente a los afectados por estas medidas. El apunte del secretario general se producía a una pregunta concreta realizada por el gerente de Vivienda, José María López Cerezo, quien aludió de manera directa a las regulaciones impulsadas por Barcelona y San Sebastián, ciudad en la que, recordó, "se está fijando un uso máximo por portales, llegando a prohibirlas en ciertas zonas. ¿Puede el planeamiento plantear una limitación de usos?"

Gutiérrez también discrepa del posible empleo de una tasa a estos alojamientos

Ante el interrogante, Gutiérrez no dejó lugar a la duda. "Si estableces limitación por portales el uso es discriminatorio; el límite tiene que venir por la regulación turística" expuso, y agregó: "el Ayuntamiento puede hacerlo en el plan pero tendrá que indemnizar". En este sentido, fue más partidario a que sea la ley andaluza la que marque una ordenación más restrictiva o exigente para este tipo de viviendas.

La opinión del secretario también fue contraria a la posible imposición de una tasa a esta actividad. Cabe recordar que una de las fórmulas analizada por el Ayuntamiento para forzar a esta actividad a contribuir a los servicios municipales es la aplicación de un recargo en materia de residuos, o gravarlos en función de su superficie o valor catastral, por ejemplo.

La repercusión de la vivienda turística es particularmente grave sobre los vecinos residentes de los espacios en los que se produce una mayor concentración. En el caso de la capital de la Costa del Sol, según los datos actualizados aportados por el director general de Turismo, Javier Hernández, se cuentan unas 11.500 plazas en este tipo de alojamiento, de las que el 73% se ubica en el Centro histórico. El porcentaje crece hasta el 90% al sumar los usos del entorno de Pedregalejo y El Palo y Carretera de Cádiz. Las cifras ponen de relieve que ya existe una mayor oferta extrahotelera que la correspondiente a los hoteles.

El secretario abundó en ello. "Existe un problema vecinal, gente joven que llega, que lo mismo hace una fiesta a las 02.00. El problema importante es que la comunidad de propietarios está atada de pies y manos porque cualquier modificación del estatuto de la propiedad se tiene que hacer por unanimidad y lo normal es que el propietario de la vivienda turística vote en contra", destacó. Por ello, defendió el tratamiento que al respecto se da en Cataluña, que impulsó una modificación para hacer posible cambios en los estatutos con cuatro quintas partes de los votos. "Se tiene que replantear a nivel estatal un nuevo régimen de propiedad horizontal y la ley de Cataluña puede servir de guía", reclamó Gutiérrez.

La búsqueda del equilibrio en el uso de la vivienda turística en la capital fue demandada por el gerente de Vivienda. "El motor turístico es clave pero hay que conjugarlo con algunas quejas de los vecinos que viven en el Centro, por la expulsión de residentes, por la reducción de oferta de alquiler; hay que ver qué mecanismos podemos poner en marcha para que se produzca ese equilibrio", apuntó.

La inauguración de la jornada, organizada por el Centro Estudios Jurídicos Superiores, corrió a cargo del concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, quien puso de relieve que Málaga no es ajena al fenómeno de la vivienda turística, si bien lo acotó a periodos concretos del año en el que su incidencia es mayor. Por ello, defendió la apuesta del Ayuntamiento "por abordar el fenómeno y gestionarlo desde un punto de vista jurídico, ver las armas que tenemos para legislar". "Cualquier decisión de ponerles trabas pasa por fijar una legislación, ver qué se puede hacer y qué no".