Desde que en junio de 2017 una sentencia del Tribunal Constitucional eximiera del pago de las plusvalías a aquellas operaciones que se realicen sin ganancias, el Ayuntamiento de Málaga se puso en marcha para suspender el cobro de los expedientes de plusvalías. Hasta ahora, para frenar el pago de este impuesto, era suficiente con que los ciudadanos implicados en la compraventa enviaran una declaración jurada en la que se asegurara que no se había producido beneficio alguno con la operación. Pero a partir de ahora, a raíz de una nueva sentencia del Tribunal Supremo, aquellas personas que consideren que no deben abonar dicho impuesto tendrán que acreditarlo de una forma más exhaustiva con pruebas documentales concretas.

Según se informó ayer en la Comisión de Economía y de acuerdo con la sentencia del 9 de julio, para acreditar que no ha existido plusvalía los ciudadanos deberán ofrecer al Consistorio "cualquier principio de prueba que al menos indiciariamente permita apreciarla". Así, los ciudadanos tendrán dos opciones. Por un lado, aportar el documento de compraventa del terreno o inmueble, en el que se aprecie la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión; y por otro, un informe pericial que confirme que ha habido una pérdida de valor. Así, Gestrisam -el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria- no procederá a la liquidación del impuesto en aquellos casos en los que "se pruebe de forma fehaciente la inexistencia de una plusvalía real", según indicaron ayer desde el Área de Economía. Por ahora, quienes hasta la fecha ya hubieran solicitado la paralización del cobro de la plusvalía no tendrán que aportar esta nueva documentación, hasta que se conozca cómo quedará la reforma en la que está trabajando el Gobierno nacional y que se encuentra en la fase de enmiendas -que finaliza el 4 de septiembre-.

Entre enero de 2017 y mayo de este año el Consistorio cuenta con una veintena de sentencias dictadas por los tribunales que le obligan a devolver algo más de 2,1 millones de euros por el cobro indebido del impuesto de plusvalías, a la espera de algunos fallos firmes. De esta cuantía apenas han sido devueltos unos 79.257 euros, cifra relativa a las sentencias firmes. Esta cantidad se sumaría a los 515.825 euros que ya han sido devueltos en procedimientos abiertos en la vía administrativa.