El PP lleva a la juez papeles que acreditan que el PSOE sabía lo que ocurría en Alcaucín

El PP lanzó un órdago el lunes a la cúpula socialista de Málaga anunciando que tenían documentación que revelaba que el PSOE sabía lo que estaba ocurriendo en Alcaucín y que acabó en el caso Arcos contra la corrupción urbanística. Hoy lo llevarán al Juzgado número de 3 de Vélez-Málaga, para que la titular, Irene Urbón, lo incorpore al sumario, si así lo estima.

"Vamos a cumplir y vamos a poner en manos de la Justicia la documentación que tenemos en nuestro poder, y que el PSOE tenía desde 2006. Entonces tenían la obligación de denunciarlo, pero prefirieron no hacerlo por no perder cuota de poder", manifestó el secretario general del Partido Popular en Málaga, Francisco Salado, quien reiteró que los responsables del partido en la provincia, de la Junta y de la Diputación eran conscientes de las denuncias presentadas por particulares y colectivos ecologistas en relación con la política urbanística que se estaba desarrollando en Alcaucín. "Lo sabían pero no creían que se iba a descubrir como ha pasado. Es lo mismo que está ocurriendo en otros municipios axárquicos", subrayó el popular.

Según aseguró, muchas de esas comunicaciones proceden de militantes socialistas, y contienen el sello de entrada de la dirección provincial del PSOE. Al parecer, estas personas "desesperados de que no le hiciesen caso" acudieron en junio de 2007 a la Comisión Regional de Ética del PSOE. Antes, habían llegado a Luis Reina, ex responsable de Política Municipal del PSOE (junio de 2006); a Juan Paniagua, que era el presidente de los socialistas malagueños (diciembre de 2006); y a la ex secretaria general socialista, Marisa Bustinduy (marzo de 2007). Sobre el supuesto conocimiento que tenía la Diputación de Málaga de las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo en Alcaucín, Salado, apuntó al vicepresidente y entonces secretario de Organización socialista, Francisco Fernández España.

Con respecto al papel de la Junta, Salado recordó que en junio de 2006, el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía denunció ante la Consejería de Obras Públicas la construcción de 45 apartamentos a cargo de la empresa Crocasa -cuyos responsables están imputados en el caso Arcos- en una parcela en la que había licencia para cuatro viviendas unifamiliares.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, ha desestimado el recurso de reforma presentado contra el auto de prisión del ex alcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, según fuentes de la defensa. Los abogados presentaron un recurso ante la juez al considerar que no se cumplen los requisitos para decretar la prisión, ya que los registros ya se han efectuado y se ha intervenido toda la documentación, por lo que entienden que no hay riesgo de que se pueda poner en peligro la investigación. La instructora ha emitido una resolución desestimatoria respecto a las pretensiones de la defensa, que, no obstante, recurrirá esta decisión en apelación, según señalaron las fuentes, por lo que será la Audiencia de Málaga la que se tendrá que pronunciar ahora respecto de la libertad. Martín Alba está en prisión desde el 3 de marzo por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad documental y prevaricación urbanística. Además, de las 12 personas que fueron detenidas por la Guardia Civil junto al ex alcalde de Alcaucín, hay al menos otras 12 vinculadas con el caso que tendrán que prestar declaración ante la instructora.